El 8 de marzo del año pasado denunciamos la recién aprobada Reforma Laboral del PP, y usábamos el tiempo futuro en nuestro Manifiesto para anunciar el recorte en derechos que supondría para las mujeres. Este año 2013 constatamos enormes retrocesos.

La derecha intenta instalar la idea de que la crisis económica es responsable de todo, que no es el Gobierno del PP el causante de los recortes sino la herencia recibida. Pero, no nos dejemos engañar: no es crisis todo lo que reluce. La igualdad ha ido avanzando en España durante los años de Democracia. Este avance se ha traducido en una vida mejor para las mujeres de este país, así como en más derechos para ellas y para el conjunto de la sociedad.

Esto fue posible gracias a la labor de los Gobiernos Socialistas, pero sobre todo gracias a la propia sociedad que se modernizó -gracias a las organizaciones, a las feministas, a la izquierda política y, sobre todo, a las mujeres-. De esta forma, las mujeres fuimos ocupando espacios en el empleo, en la política, y en la sociedad, mientras nos acercábamos, en todos los indicadores de participación y calidad de vida, a los hombres, rompiendo con ello progresivamente la desigualdad. Sin embargo, la igualdad no era del todo efectiva, todavía existían y aún existen desequilibrios. Necesitábamos tiempo para seguir avanzando, pero sobre todo para consolidar lo conseguido. Un tiempo fundamental como hemos comprobado en estos últimos catorce meses. Porque este último año, en el que el Partido Popular ha asumido el Gobierno, asistimos a unos de los mayores despropósitos de la historia de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres.

El empleo, la premisa que permite la autonomía de las personas, es nuestra principal preocupación. Sin embargo, y como ha pasado siempre, la tasa de paro femenino es superior a la tasa de paro masculino. Ahora bien, en el inicio de la crisis creció el desempleo masculino – como efecto de la destrucción de empleo en algunos sectores de actividad -, sin embargo, en el momento actual, el desempleo femenino crece espectacularmente como efecto directo de las políticas que el Gobierno del PP está aplicando, tal y como comprobamos en los últimos datos de la EPA. Esta destrucción de empleo es el resultado directo de la Reforma Laboral, una regulación que además hace imposible el derecho a la conciliación de la vida familiar y laboral. Y también es el resultado del desmantelamiento progresivo del Estado del Bienestar y los servicios de atención a las personas. La Reforma Laboral del PP expulsa a los sectores más vulnerables del empleo, y ahí están las mujeres. Además deja sin derechos a las mujeres trabajadoras, a todas en general y específicamente a las que tienen trabajo a tiempo parcial, trabajo temporal, o a aquellas que tienen responsabilidades familiares.

El desmantelamiento del Estado del Bienestar y la política de austeridad del gobierno eliminan servicios públicos esenciales, donde trabajan muchas mujeres, tanto en la

Administración Pública como en las empresas prestadoras. Así, es la reducción de los derechos relacionados con la educación, con la salud, con la atención a la dependencia, con los programas y actuaciones dirigidos a mejorar la calidad de vida, lo que hace que las mujeres se queden en desempleo y además que tengan más dificultades para la conciliación.

Esta lista de recortes en derechos de las mujeres se amplía con el anuncio del

Gobierno de cambiar la Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción

Voluntaria del Embarazo, con un objetivo, eliminar el derecho a decidir de las mujeres.

El camino está marcado con el nombramiento de un nuevo Comité de Bioética de claro sesgo ultraconservador, en el que la mayoría de sus miembros se ha declarado abiertamente en contra de la decisión de las mujeres.

Y aún más, la ley de tasas judiciales provoca una desigualdad en el acceso a la justicia, que dejará a muchas mujeres sin la posibilidad de acudir a ella incluso en aquellas ocasiones que pretendan escapar de una situación de violencia de género. A todo esto debemos sumar la reducción de presupuestos y servicios dirigidos a combatir la violencia contra las mujeres, tanto en el Gobierno del Estado como en Comunidades Autónomas gobernadas por el PP.

Estas acciones, y estos recortes, están cargados de ideología. Cuando se publicaron en el BOE no estaban solos, estaban acompañados de múltiples mensajes que venían también de las mismas filas conservadoras; mensajes que relacionan la autenticidad de ser mujer con la maternidad, la defensa de la educación segregada de niños y niñas, la eliminación de la educación para la ciudadanía. Mensajes que pretenden situar a las mujeres de nuevo en las tareas de cuidado, la crianza y la dependencia.

Todo lo ocurrido en el último año nos lleva a un mismo lugar, bastante familiar, nuestros propios hogares. Porque, en definitiva es lo que está promoviendo la derecha del PP: la vuelta al hogar de las mujeres.

Desde el Partido Socialista sin embargo seguimos trabajando por la igualdad y la emancipación de las mujeres. Porque creemos que la igualdad entre mujeres y hombres es un pilar de nuestra democracia, y porque estamos comprometidos/as con un modelo social que garantiza la justicia y la equidad. Sin duda, el cambio que necesitamos para salir de esta crisis, que es económica, pero también política y social, pasa por contar con todos y con todas, hombres y mujeres, sin desperdiciar capacidades. Sólo de esta manera podremos salir reforzados/as de esta terrible crisis en la que nos hallamos inmersos/as. Lo haremos si hacemos que la igualdad sea el centro del cambio.

Ante esta situación este 8 de marzo reclamamos:

– La derogación de la Reforma Laboral.

– El desarrollo de un Plan de Empleo para las mujeres, que incluya políticas activas específicas, la promoción del autoempleo y el desarrollo de un Plan de Igualdad de las mujeres en el empleo, dirigido a promover la igualdad y a eliminar la desigualdad salarial.

– El mantenimiento de los derechos recogidos en la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia.

– La promoción de políticas que permitan la corresponsabilidad en la vida laboral y familiar de hombres y mujeres, y el cumplimiento de la Ley para la Igualdad efectiva de Mujeres y Hombres.

– El mantenimiento de la Ley actual de Salud Sexual y Reproductiva e Interrupción Voluntaria del Embarazo.

– El impulso de políticas y servicios de prevención de la violencia de género y apoyo a las mujeres que la sufren.

– La derogación de la Ley de tasas judiciales.