El Anteproyecto de Ley para la racionalización y sostenibilidad de la administración local augura el desmantelamiento de los servicios en materia de igualdad y contra la violencia de género. Hasta ahora las entidades locales asumen estas acciones por delegación de las comunidades y el nuevo proyecto deja en el aire aspectos como el piso de acogida y de emergencia. Ana Alegre pide al Gobierno que “recapacite con urgencia y modifique la norma”.

 La secretaria de Igualdad y Bienestar Social del PSOE teme las nefastas consecuencias que el anteproyecto de la ley de reforma local va a tener en las competencias en materia de igualdad. Ana Alegre explica que “bajo el paraguas de una administración, una competencia, el texto contempla muchas lagunas, muchos aspectos sin resolver y ni siquiera encarar y, especialmente, deja en el aire los servicios que vienen prestando los Ayuntamientos en materia de igualdad”.

El anteproyecto suprime el artículo 28 de la ley 7/1985 de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local que establecía que “Los municipios pueden realizar actividades complementarias de las propios de otras administraciones públicas y en particular las relativas a la educación, la cultura, la promoción de la mujer, la vivienda, la sanidad y la protección del medio ambiente”. “Este artículo servía a los ayuntamientos, mancomunidades, y la Diputación provincial de nuestra provincia para poder realizar la promoción de actividades, así como para la prestación de cuantos servicios públicos contribuyan a satisfacer las necesidades y aspiraciones de la ciudadanía en materia de género” explico Alegre. “El PP no piensa en las mujeres que sufren esta lacra social y que gracias a los servicios que prestan ayuntamientos intentan rehacer sus vidas” concluyó Alegre. “En el caso de Soria se suprimirían tanto el piso de emergencia como el piso de acogida para mujeres víctimas de violencia machista, por lo que es urgente que el Gobierno recapacite y modifique el Anteproyecto de Ley de de racionalización y sostenibilidad de la Administración local”

Asimismo, el anteproyecto hace imposible al Ayuntamiento de Soria ejercer “por delegación de la Comunidad Autónoma” la promoción de la igualdad de la mujer, al no incluirla en las materias a delegar por parte de las Comunidades Autónomas y la Administración del Estado a los municipios de más de 20.000 habitantes. Y sin ni siquiera hacer mención alguna a la violencia de género”. El PSOE no entiende esta ausencia de referencias en un tema en el que las medidas del PP están haciendo perder muchos de los avances conseguidos. “No sólo no afrontan los problemas, sino que además impiden que otros puedan seguir trabajando”, recalca.

“La propuesta de reforma local planteada por el Gobierno supone un paso atrás sin precedentes en la implementación de las políticas de igualdad y un ataque frontal a la lucha contra la violencia de género en nuestro país limitando la autonomía local para responder a las demandas ciudadanas” indicó Alegre. La reforma planteada por el Gobierno obvia el mandato del artículo 9.2 de la Constitución Española, donde se consagra la obligación de los poderes públicos de promover las condiciones para que la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas y el artículo 14 de la Constitución Española que proclama el derecho a la igualdad y a la no discriminación por razón de sexo. Esta reforma contraviene la Carta Europea para la Igualdad de Mujeres y Hombres en la vida local (Consejo de Municipios y Regiones de Europa, 2006). La Carta incide en que “las autoridades locales y regionales, que son las esferas de gobierno más próximas a la población, representan los niveles de intervención más adecuados para combatir la persistencia y la reproducción de las desigualdades y para promover una sociedad verdaderamente igualitaria”.

Por otra parte, hay que destacar que el desmantelamiento de los servicios locales de igualdad dificultará el cumplimiento de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, cuyo artículo 19, para la asistencia social integral, establece la participación de las corporaciones locales.