El PSOE se encuentra con el voto en contra de los procuradores del PP sorianos Canto Benito y Peregrina para reabrir el Centro de Valonsadero

La soriana Esther Pérez lamenta que una vez más se hable de herencia del PSOE, “cuando llevan 20 años gobernando la Junta”, y que se apunte a prioridades para aparcar la apuesta por el desarrollo y la innovación y vuelvan a dejar “a Soria al final de su lista”.

 La procuradora socialista Esther Pérez ha visto como ha sido rechazada su PNL para la reapertura del Centro de Investigación de Valonsadero con los votos en contra de los representantes sorianos en las Cortes por el Partido Popular, Canto Benito y Peregrina. Ambos han dicho no a la recuperación de este punto de referencia internacional y, de nuevo, como viene siendo habitual para justificar todos los recortes han apaleado a las prioridades. “De nuevo, no somos prioridad, ni en Educación, ni en inversión, ni el Sanidad y, ahora, tampoco en Desarrollo e Innovación”, ha resumido la procuradora. Esther Pérez lamenta, además, que los populares sorianos hayan votado no y que Peregrina haya sido también quien ha defendido la negativa y argumentado el cierre de este centro. El procurador del PP ha hablado de la herencia del PSOE y del gasto del déficit “olvidando los años que su partido lleva gobernando la Junta de Castilla y León con un argumento que ni él mismo se cree”. Pérez ha recalcado que “ahora el PP habla del compromiso de seguir investigando desde el Cesefor, pero se olvida de lo prometido hace unos meses de reforzar el Centro de Valonsadero. ¿Dónde queda su crédito? Este escenario social al que ahora alude para optimizar recursos, eficacia y eficiencia… era el mismo que hace unos meses cuando se hablaba de potenciar Valonsadero”.

 La procuradora también ha criticado que sea ahora cuando se debate esta proposición en otro ejemplo de “prioridades” del PP. La pérdida por parte de la Junta de Castilla y León de personal cualificado que lleva, en algunos casos, más de diez años desarrollando su labor en esta institución, “es un pésimo negocio para nuestra comunidad autónoma, ya que estas personas llevan el valor añadido de su formación y experiencia, pagada por la Junta de Castilla y León, a otras comunidades autónomas o incluso otros países”.






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