El pasado 5 de diciembre el Tribunal Constitucional declaró “la inconstitucionalidad y nulidad” del Proyecto de Ley  6/2007, de 28 de marzo de “Ciudad del Medio Ambiente”, asegurando con este contundente fallo que la tramitación elegida por la Junta ha hurtado “la posibilidad de un control judicial”, al que si estaría sometido de haberse aprobado por decreto. El proyecto estrella del PP de Castilla y León y del PP de Soria, que ahora mira de perfil pero que antes se fotografiaba poniendo la primera primera, sigue con más sombras que claros y con más incertidumbres cada día después de 100 millones enterrados, un proyecto parado y unas cúpulas abandonadas en mitad del Soto de Garray.

Desde el PSOE desde el primer momento cuestionamos su ubicación y entendimos que el proyecto iba más ligado a la burbuja inmobiliaria que había comenzado a perder fuerza, que a un proyecto de interés social y medioambiental.  Se aprobó una “ley a la carta”, ley de caso único que evitaba que pudiera ser recurrida en los tribunales ordinarios y el PSOE recurre dicho proyecto a través de recurso firmado por 50 diputados.

Cabe recordar que además del Partido Socialista se manifestaron en contra, asociaciones ecologistas, movimientos ciudadanos sociales y profesionales, etc…

Se comprometieron 1.000 puestos de trabajo, empleo sostenible, e inversión cercana a 500 millones de euros.

Desde el PSOE hemos exigido al Partido Popular y a la Junta de Castilla y León soluciones a los puestos de trabajo de la empresa que se encuentra allí instalada, además de transparencia y responsabilidad, que hasta la fecha no han demostrado.

Por ello cuando conocimos la sentencia del Constitucional registramos en las Cortes de Castilla y León la solicitud de creación de una Comisión de Investigación sobre el proceso de diseño y ejecución del proyecto, así como sobre las implicaciones que el mismo ha tenido para los ciudadanos de Soria.

Hemos conocido que el grupo parlamentario popular ha registrado escrito de oposición a la creación de dicha comisión de investigación. La próxima semana en el Pleno tendremos ocasión de conocer bajo que pretexto se oponen, puesto que se debatirá la oposición.

Ya se eludió, con la formula de aprobación, el control judicial, los recursos ordinarios, y a pesar de que según el procurador popular que la defendió en 2007, va por el libro y conforme a la legislación vigente…hoy conocemos la incostitucionalidad y nulidad del Proyecto.

Con la negativa manifestada de antemano a la creación de Comisión de investigación pretenden hurtar a la ciudadanía del derecho a conocer lo que ha sucedido con dinero público.

Desde el PSOE se han presentado Alegaciones al Plan Anual de fiscalización por el Consejo de Cuentas. El Consejo de Cuentas desarrolla sus funciones de fiscalización conforme al Plan Anual que aprueban las Cortes de Castilla y León para cada ejercicio. La propuesta de este Plan será elaborada tomando en consideración las dotaciones presupuestarias y los recursos materiales y personales disponibles en el ejercicio al que aquella se refiera, y será aprobada por el Pleno del Consejo de Cuentas, para su elevación al Parlamento.

Desde el PSOE insisten en que el proyecto a la fecha de la sentencia del TC se encontraba parado después de haberse reflejado en los diferentes presupuestos hasta 132 M€ que cuya ejecución sin embargo no llega a los 45 M€ de dinero público;

FALTAN DEMASIADAS EXPLICACIONES DE LOS RESPONSABLES DEL PP .