“Se han producido un cúmulo de actuaciones de las que se ha derivado un despilfarro enorme de recursos públicos que ahora, además han sido consideradas contrarias a la ley y han ocasionado unos perjuicios importantes y directos a los ciudadanos de Soria, que a la vez, han sufrido las consecuencias de que no se atendieran sus necesidades reales”, denuncia Esther Pérez.

La procuradora socialista por Soria, Esther Pérez, defendió esta mañana en el Pleno de las Cortes la solicitud de creación de la Comisión de Investigación sobre el proceso de diseño ejecución del proyecto regional de la Ciudad de Medio Ambiente, así como sobre las implicaciones que el mismo ha tenido para los ciudadanos de Soria.

Pérez, quien comenzó su intervención recordando que “estamos hablando de un proyecto que desde el primer momento generó importantes dudas sobre su ubicación en el soto de Garray, ante el que el PSOE, convencido de la ilegalidad del mismo, votó en contra y presentó Recurso de Inconstitucionalidad ,que se resolvió el pasado 5 de diciembre de 2013 declarando la Inconstitucionalidad y nulidad del Proyecto de la Ciudad de Medio Ambiente por considerar que la tramitación elegida por la Junta ha hurtado la posibilidad de un control judicial preguntó desde la tribuna de oradores al PP “qué problema tienen para crear la comisión de investigación si dicen que no hay nada que ocultar”.

Tras poner de manifiesto que “el tiempo y la justicia ha dado la razón al PSOE”, la procuradora soriana expuso que desde la aprobación con los votos del PP de la Ciudad del Medio Ambiente en el último pleno de la legislaura 2003-2007, el 14 de marzo de 2007, se han sucedido demasiados titulares, demasiadas fotografías, demasiados varapalos judiciales pero pocas y distraídas repuestas por parte del gobierno de Juan Vicente Herrera. “Durante todos estos años hemos exigido a la Junta trasparencia y responsabilidad pero no hemos hallado ni lo uno ni lo otro”, señaló.

En esta línea, calificó de “inexplicable” que el PP se oponga a la creación de la comisión de investigación “que es una herramienta para que la ciudadanía pueda conocer los procedimientos y el destino del dinero público y para depurar responsabilidades” y consideró “un feo detalle”, que la Junta se escude en los técnicos para no asumir la responsabilidad política que le exigen los ciudadanos.

Pérez insistió en que “el tiempo y la justicia han demostrado que se han producido un cúmulo de actuaciones de las que se ha derivado un despilfarro enorme de recursos públicos que ahora, además han sido consideradas contrarias a la ley y han ocasionado unos perjuicios importantes y directos a los ciudadanos de Soria, que a la vez, han sufrido las consecuencias de que no se atendieran sus necesidades reales “

“Y todo ello sin que se produzca el más mínimo atisbo de asunción de responsabilidades ni políticas ni personales de ninguna clase”, denunció la procuradora socialista, tras incidir en que el proyecto iba más ligado a la burbuja inmobiliaria (preveía 780 viviendas, 2 hoteles…) que a un proyecto de interés regional ligado a la creación de 1.000 puestos de trabajo, empleo sostenible y una inversión cercana a los 500 millones de euros.

Asimismo y tras recriminar al consejero de Fomento que no haya atendido la petición de comparecencia que al respecto registró el PSOE el pasado mes de junio de 2013 y una vez que la justicia haya enterrado el sueño megalómano de la Junta con la Ciudad del Medio Ambiente, Pérez pidió al gobierno de Herrera que aclare la orientación inicial del proyecto “para que no quede ninguna duda.”

Pérez amplió la petición de la necesidad de que la Junta despeje dudas ante un Proyecto para cuya aprobación, la Junta hurtó la posibilidad de enmiendas al aprobarse por lectura única, así como la posibilidad de recurso en los tribunales ordinarios por su aprobación a través de Proyecto de Ley, preguntándose si el PP considera justo negar a los ciudadanos el derecho a conocer cómo se diseñó y se ejecutó así como sobre las implicaciones ha tenido para los ciudadanos de Soria.

“¿Ese es el compromiso del Presidente con los sorianos?” preguntó la representante socialista para exigir a la Junta que responda a los más de 30 interrogantes que se plantea la sociedad, entre los que destaco cuestiones como la decisión de la ubicación del proyecto, la elección de la fórmula de aprobación pudiendo aprobarse por decreto, por qué no comparecen ante una comisión de investigación los técnicos de medio ambiente que emitieron los informes previos a toda la tramitación para aclarar todos los extremos, por qué no se ha invertido lo presupuestado o a qué responde el modificado del proyecto aprobado en noviembre de 2013, que desvirtúa por completo el proyecto.

Finalmente y tras preguntarse qué supone para la Junta de Castilla y León la Sentencia del Tribunal Constitucional, la representante socialista insistió en que la falta de respuestas por parte de la Junta hacen necesaria la creación de la comisión de investigación y ponen en evidencia” la falta de transparencia y la opacidad de la Junta a la hora de rendir cuentas de una decisión que, a día de hoy es un despilfarro del dinero público y además ha sido declarada inconstitucional. “