Los socialistas han añadido a la PNL aprobada hoy con 76 votos favorables un tercer punto para que “la Junta se dirija al Gobierno para que, en el ámbito de sus competencias, establezca cauces de colaboración y acuerdos entre administraciones”. Esther Pérez, quien recuerda que es el PP quien gobierna en todas las administraciones implicadas en los trámites, también ha solicitado en su intervención que se defienda el empleo, la fijación de población y que las compensaciones se queden en Borobia así como la ubicación en Soria de un centro de I+D+D.

La procuradora socialista Esther Pérez ha explicado hoy en las Cortes la postura del PSOE respecto a los trámites de la mina de Borobia y la inclusión en la PNL del PP de una enmienda socialista, como tercer punto. Esta enmienda establece “que la Junta de Castilla y León se dirija al Gobierno de la Nación para que, en el ámbito de sus competencias, establezca los cauces de colaboración y acuerdos precisos entre administraciones, incluidas las corporaciones locales, que se consideren necesarios, garantizando el respeto al medio ambiente, en especial la protección de las aguas, el desarrollo socio-económico de la zona y el cumplimiento de legalidad vigente”.

INTERVENCIÓN DE ESTHER PÉREZ

Para contextualizar la PNL que debatimos hoy, hay que aclarar que trata tres cuestiones fundamentalmente:

•  Trata de un proyecto para la explotación de una mina de magnesita en el término municipal de Borobia.
• Trata de afección a dos comunidades autónomas con visiones dispares sobre este proyecto, la de Castilla y León y la de Aragón.
• Trata de dos intereses legítimos: la conservación medioambiental, especialmente de la calidad del agua, y el desarrollo socioeconómico en el medio rural.

A día de hoy el proyecto está pendiente de que Confederación Hidrográfica del Ebro autorice una concesión pendiente, concesión que como se ha dicho ni debe dilatarse más, y de ahí que se inste en la PNL al Gobierno de la Nación. También desde mi grupo compartimos la necesidad de agilizar, queremos pensar que existen motivos justificados para a día de hoy no esté, y que no será capricho del Gobierno, pero es fundamental agilizar la autorización pendiente.

Es necesario por tanto, el pronunciamiento de la Confederación Hidrográfica del Ebro, dentro de sus competencias, toda vez que la competencia minera corresponde claramente a nuestra comunidad autónoma, a Castilla y León. Por tanto entendemos que es responsabilidad del gobierno mediar ya que afecta a dos comunidades autónomas.

Dicho lo cual, desde mi grupo parlamentario entendemos que ningún interés ajeno al interés público puede poner en riesgo un proyecto de estas características. Y es por ello que el partido socialista siempre ha participado en la solución y la posición es clara y está demostrada.

Por ello defendemos no sólo el empleo y los beneficios que este proyecto pueda generar, que por supuesto defendemos, sino todos los efectos de un proyecto que incide muy directamente en todo el entorno económico, poblacional paisajístico y ambiental, y por ello compartimos con la corporación de la localidad de Borobia, con borobianos y borobianas la necesidad de que todas las compensaciones al entorno se den en Borobia, y que las inversiones generadoras de empleo sean en dicho municipio, prevaleciendo en todo caso el consenso con el municipio en todas y cada una de las actuaciones del proyecto, y prevaleciendo como no puede ser de otra manera los intereses generales sobre los particulares

Se ha comprometido un CENTRO I+D+D y pedimos igualmente garantizar su instalación en la provincia Soriana estableciendo además sinergias con la Universidad.

Compartimos de igual forma la preocupación en el municipio porque el agua siga llegando a la población en cantidad suficiente y en calidad, sin cortes en el suministro teniendo en cuenta el posible y muy positivo incremento de población y fijación de la misma al territorio que el proyecto puede traer consigo, muy positivo en esa lucha urgente contra la despoblación que nuestro territorio precisa.

Y porque entendemos que la política consiste también en superar las diferencias con diálogo y liderazgo, entendemos la necesidad dialogo a la que se suma la posibilidad para el entendimiento al compartir los todos los gobiernos actuales implicados, la misma ideología política.

Se trata de desbloquear el proyecto y lograr la luz verde, de no enrocarse en las posturas dado que de haber recursos, no seria positivo para nadie. Por ello desde el PSOE APOYAMOS RESOLVER EL PROBLEMA PARA CREAR EL EMPLEO COMPROMETIDO, buscar soluciones y RESOLVER CUANTO ANTES LOS PROBLEMAS ENCONTRADOS.

Desde el Partido socialista nos sumamos y apoyamos un proyecto que es desarrollo para Soria, EMPLEO PARA SORIA, pero hoy por hoy, lamentablemente, no gobernamos ni en Borobia, ni en Castilla y León, ni en Aragón, ni en el gobierno de España, por tanto entendemos que bajo esta premisa, no tenemos desde el PSOE la posibilidad de resolver el proyecto, pero sí participar de la solución, INSTANTANDO A QUIEN GOBIERNA A AGILIZAR y por ello entendiendo la necesidad de dar una solución a un proyecto que ya ha anunciado 30 empleos directos y del entorno de 150 indirectos, presentamos una enmienda de Adición

Con nuestra enmienda tratamos de superar, a base de consenso y liderazgo, como decía, uno de los principales problemas de este proyecto: visiones enfrentadas sobre el mismo. Creemos firmemente que es posible el consenso. ¿Qué hay que hacer para ello? Hay que buscar los elementos aceptados por la mayoría, y los socialistas lo vemos posible, sabemos que existen y estamos convencidos de que es posible.

Estamos igualmente convencidos de que es necesario el liderazgo del Gobierno de España en esta materia. Además puede y debe ejercerlo en este asunto, que conlleva diferencias entre territorios de dos comunidades autónomas Castilla y León y Aragón, y que sin embargo con dialogo y consenso, llegaremos los necesarios puntos de encuentro para el desarrollo socioeconómico de la zona y la generación de empleo.

Nuestro Estado de derecho está consolidado, en él se desarrollan con rigor los trámites administrativos, y está obligado a ofrecer seguridad jurídica, en este caso por partida doble, seguridad jurídica a quien tramita la puesta en marcha de una actividad económica, y seguridad jurídica a quien exige legítimamente la preservación de los valores medioambientales de su tierra, especialmente en lo que hace referencia a la calidad de sus aguas.

Seguridad jurídica para asegurar dos intereses legítimos que los socialistas creemos que pueden ser compatibles, especialmente en un momento con tanta dificultad para el empleo y la actividad económica como este.