El Centro de Información Ambiental y Documentación Ambiental, conocido como CIDA, lleva sin funcionar desde el año 2012 pese a ser un servicio impulsado por la Consejería de Fomento lo que se traduce en una reducción significativa de la información ambiental de Castilla y León y ha supuesto un retroceso en la transparencia y en el derecho a la información.

La Comisión de Fomento y Medio Ambiente celebrada esta mañana en las Cortes de Castilla y león ha rechazado la iniciativa defendida por la socialista soriana Esther Pérez, de ampliar y mejorar la oferta de información medioambiental después del cierre, ya en el año 2012, del CIDA, Centro de Información Ambiental. La procuradora ha insistido en que “la limitación de la información afecta de manera muy negativa no solo a los ciudadanos, también a las empresas, a los profesionales de la educación, a los investigadores, a los trabajadores y a todos los sectores implicados en el medio ambiente”.

“El acceso a la información es un derecho ciudadano, y facilitar el acceso a la información ambiental además es una buena herramienta para la educación y sensibilización, al mismo tiempo que un recurso para el desarrollo económico y un vínculo muy importante como medio de comunicación entre la ciudadanía y la Administración Pública”, afirma Pérez, quien ha puesto de manifiesto como el “Boletín de información ambiental de Castilla y León”con una periodicidad mensual, recopilaba las noticias de la Comunidad en materia de medio ambiente, distribuidas en distintas secciones, como novedades legislativas, web al día, agenda bibliográfica, enlaces de interéspublicaba su ultimo ejemplar correspondiente al número 75 en el mes de septiembre de 2012, o el “Boletín Periódico de Información Oficial”, con una periodicidad mensual que recogía las disposiciones publicada en el Diario Oficial de la Unión Europea, las publicadas por el Boletín Oficial del Estado y las publicadas en el Boletín Oficial de Castilla y León, publicaba su ejemplar, el número 119 correspondiente a agosto del año 2012.

Igualmente ha señalado en referencia al Boletín electrónico “Desarrollo Sostenible en Castilla y León” que una vez aprobada el 19 de noviembre de 2009 la Estrategia Regional de Desarrollo Sostenible 2009-2014, se comenzó a la elaboración y publicación del boletín electrónico que con una periodicidad trimestral trató de garantizar un flujo de información constante sobre los avances en la aplicación de la Estrategia, al mismo tiempo que se divulgaban experiencias y buenas prácticas tanto de dentro como de fuera de Castilla y León. El último boletín publicado fue el número 5 correspondiente a junio del año 2012. Tras la presentación del grupo parlamentario socialista de esta iniciativa allá por el mes de Agosto de 2013, vemos ahora como el Nº 7 corresponde a Mayo de 2014, siendo el Nº 6 del mes de octubre de 2013, con número especial monográfico de Eco innovación Life.

“¿En dos años, dos números? ¿Periodicidad trimestral? Al menos la iniciativa del grupo parlamentario socialista, ya ha servido para que se retome alguna de las publicaciones”, reconoce la socialista soriana, quien ha insistido en la necesidad de transparencia de las Administraciones y de cumplir con lo aprobado, en este caso la Estrategia de Desarrollo Sostenible 2009-2014.

En definitiva, desde el PSOE, hablamos de facilitar que la información llegue al mayor número de ciudadanos posible, a través de las nuevas tecnologías, información útil no sólo a los ciudadanos, sino también a las empresas, a los profesionales de la educación, a los investigadores, a los trabajadores y a todos los sectores implicados en el medio ambiente.

La no aprobación de esta iniciativa supone un nuevo retroceso en la transparencia y en el derecho a la información a que tiene derecho la sociedad. La ciudadanía tiene el derecho de recibir información ambiental por cualquier canal solicitado, o bien de consultarla a través de la página web, con el objetivo de poder disfrutar de un medio ambiente saludable y cumplir el deber de respetarlo y protegerlo.

El derecho de la ciudadanía a conocer y disponer de la información que está en poder de la Administración es uno de los pilares fundamentales de todo sistema democrático y constituye un factor clave en todo proceso de concienciación, educación y participación.