El PSOE denuncia un nuevo paso de la Junta para “hacer un traje a medida a la CMA” dando luz verde a la evaluación de impacto ambiental del parque empresarial
Hoy se ha aprobado el informe del Parque Empresarial después de que el pasado 5 de noviembre se retirara del orden del día del Consejo de Medio Ambiente tras conocerse el auto que determina que la actuación es ilegal y se debe derribar y reestaurar. La procuradora Esther Pérez lamenta esta “nueva puntada al traje a medida de la CMA” y recuerda que hasta ahora “todo han sido despropósitos, varapalos judiciales y ni una sóla responsabilidad ni explicación”. En el consejo de hoy se ha acompañado el punto de un informe jurídico.
La Junta prosigue en su empeño de sortear las decisiones judiciales y, aunque el pasado 5 de noviembre lo tuvo que dejar sobre la mesa, esta mañana, sin embargo, “ha optado por dar una nueva puntada al traje hecho a medida para buscar una solución jurídica al despropósito de CMA y dando luz verde a la evaluación de impacto ambiental de remozado proyecto”. El Consejo de Medio Ambiente, Urbanismo y Ordenación del Territorio de Castilla y León ha aprobado el punto sobre ‘Informe-Propuesta Empresarial del Medio Ambiente (PEMA) de Garray’, denominación con la que ahora se conoce a la Ciudad del Medio Ambiente, acompañado de un informe jurídico que ha avalado la inclusión de este punto. Este punto se retiró el pasado 5 de noviembre al conocerse el día antes el auto del juez en el que se fallaba el derribo del proyecto atendiendo a la inconstitucionalidad del mismo.
Una vez más, la Junta ha optado por el “camino del medio” y dejando a un lado “la trasparencia y las garantías”, algo que el Constitucional ya sentenció en su contra, “prosigue en su empeño de seguir enterrando dinero en la Ciudad del Medio Ambiente. “Estamos ante un nuevo traje a medida y nos tememos, que de nuevo, ante la habitual chapuza con la que intentan contestar y sortear una decisión judicial”. Esther Pérez ha vuelto a insitir en la “falta de explicaciones”.
“Seguimos sin conocer si se van a asumir responsabilidades y si se van a dar explicaciones sobre lo hecho. Este proyecto es ilegal, inconstitucional y nulo. Cada vez que conocemos algo más, entendemos menos la negativa a la constitución de una Comisión de Investigación y el rechazo a que el Consejo de Cuentas audite este proyecto repleto de lagunas e incertidumbres” , ha concluido.