A pesar del voto favorable de todos los grupos, el NO del PP ha impedido que la enmienda socialista presentada esta mañana en la Comisión de Economía y Hacienda salga adelante. El PSOE pedía incluir en el plan anual de fiscalización las cuentas de la CMA de 2005 a 2015 para su análisis por el Consejo de Cuentas.

El procurador socialista Ángel Hernández ha comparecido hoy para insistir en la necesidad de poner el foco en la CMA y conocer todos los detalles de las cuentas de este proyecto que ha sufrido su enésimo varapalo judicial con la paralización del Decreto para su transformación en Parque Empresarial. Hernández no entiende el empecinamiento de los miembros del Partido Popular en “no dar explicaciones, no asumir responsabilidades y, sobre todo, no dar información, impidiendo, de nuevo, que se fiscalicen las cuentas de 2005 a 2015 en otro ejemplo de opacidad”. El PSOE ha presentado esta mañana una nueva enmienda en la Comisión de Economía y Hacienda para la inclusión en el plan anual de fiscalización la revisión de estas cuentas y, pese al voto favorable de todos los grupos, la negativa del PP ha sido suficiente para tumbar la petición. “La CMA está repleta de sombras y nos deben explicaciones. Se han enterrado 100 millones de euros y tenemos que saber dónde ha ido ese dinero y fiscalizar las cuentas debe ser el camino”, ha explicado el procurador, quien se ha comprometido a seguir exigiendo respuestas. “Vamos a volver a pedir una Comisión de Investigación, que también nos tumbaron en la legislatura pasada ya que este proyecto, desde que se gestó y hasta la actualidad, arroja más dudas que certezas”, ha recalcado. La Comisión no será inminente dado que ahora mismo hay dos abiertas para investigar los gastos del Hospital de Burgos y la trama eólica, pero en cuanto estos dos procesos encaren su recta final, llegará el turno de la Ciudad del Medio Ambiente, “un monumento al despilfarro y los despropósitos”.

Hernández ha recordado alguno de los datos ligados a la CMA insistiendo en “ese despilfarro de dinero público, su ilegalidad, con una Ley a la Carta y una sentencia de inconstitucional, y el incumplimiento de compromisos, 1.000 empleos, 500 millones…. La realidad es evidente y cualquiera puede comprobarlo acercándose hasta Garray”. A todo ello hay que añadir “esa opacidad con rechazos constantes a todas las peticiones de fiscalización e investigación”. El desarrollo actual del proceso, como se ha demostrado con este nuevo fallo judicial, sigue en la misma línea con obras como las licitadas el 1 de octubre de 2015 por 2,2 millones (BOCYL 30-09-2015) o el anuncio de que se necesitan todavía otros 20 millones de euros para concluir a la vez que el Consejero habla de paralización de las mismas.