• La senadora soriana María Irigoyen considera fundamental que se den explicaciones sobre la entrada en vigor de la LOMCE. El PSOE apunta como fundamental “una nueva Ley Básica de Educación”. La falta de consenso y los desencuentros hacen que “se daba paralizar la implantación de la norma” y se apuesta por la Comisión como punto de diálogo.

• La iniciativa socialista ha sido respaldada por 20 senadores del PSOE, Podemos, Grupo Vasco y DyL y persigue la paralización del calendario de entrada en vigor de la LOMCE para lo que se elaborará un informe motivado con las recomendaciones que se estimen oportunas que será remitido al Gobierno

El PSOE ha presentado en el registro de la Cámara Alta un escrito en el que reclama la convocatoria de la Comisión General de las Comunidades Autónomas para acordar la apertura, a la mayor brevedad, un calendario de comparecencias de los máximos responsables de la Administración General del Estado y de las distintas Comunidades Autónomas en materia educativa, para que informen en el Senado sobre la entrada en vigor de la LOMCE.

La iniciativa socialista, liderada por el portavoz socialista de Educación, el senador asturiano Vicente Álvarez Areces, ha contado con el respaldo y la firma de 20 senadores del PSOE, Podemos, Grupo vasco y DyL, y persigue acordar la elaboración de un informe motivado con las recomendaciones que se estimen oportunas que posteriormente se remitirá al Gobierno. La senadora soriana María Irigoyen considera fundamental consensuar una nueva Ley y apostar por el diálogo ante una norma que sólo ha cosechado desencuentros. La implantación ha sido gradual y repleta de voces contrarias y este año serán los alumnos de 6º de Primaria quienes tengan que realizar la prueba de evaluación individualizada en Castilla y León según lo confirmó la Junta. La socialista soriana apuesta por avanzar después de varios años de retroceso consiguiendo restablecer canales.

El PSOE recuerda en su escrito presentado ante la Cámara y secundado por los mencionados grupos, que la educación en España se enfrenta a retos cruciales, entre los que se encuentra la necesidad de alcanzar nuevos consensos que aseguren un modelo educativo público, estable, de calidad e inclusivo, que preserve la equidad como eje vertebrador.  “Por ello, añaden, consideramos necesario dar hoy un nuevo impulso a la educación, anulando las disposiciones de carácter regresivo adoptadas durante la pasada legislatura, y restaurando las grietas producidas en elementos muy sensibles de nuestro sistema educativo, pero también abriendo nuevos caminos y mejorando las oportunidades para definir esas nuevas fronteras respecto a los retos que nos plantea la política educativa en el siglo XXI”.

Los senadores firmantes sostienen en su escrito que la LOMCE, desde el inicio, ha cosechado grandes desencuentros con toda la comunidad educativa así como con los los interlocutores sociales y también con el resto de las fuerzas políticas parlamentarias de la oposición. ”La misma ausencia de consenso, agregan, ha caracterizado la tramitación del calendario de implantación de la LOMCE, llevada a cabo de forma precipitada, sin dar tiempo para realizar un proceso riguroso y participativo, consultando con colectivos e instituciones afectados, así como con la comunidad escolar, que podría haber evitado los graves perjuicios de esta precipitada implantación”.

“Se impone así, y para evitar males mayores, la paralización del calendario de implantación de la LOMCE, y la consiguiente suspensión de la entrada en vigor de las normas dictadas en su desarrollo, que no hubieran tenido aún vigencia o aplicación efectiva”, dicen los senadores firmantes.

La iniciativa socialista respaldada por el resto de grupos firmantes, apuesta por la apertura de un proceso de negociación y diálogo real con las administraciones competentes, la comunidad educativa, los interlocutores sociales y las fuerzas políticas parlamentarias para alcanzar, en el máximo consenso, “un gran acuerdo para la mejora de nuestro sistema educativo que sea trasladado a las Cortes Generales para desarrollar una ley básica de Educación que asegure un sistema educativo público estable y de calidad, basado en la equidad, la igualdad entre hombres y mujeres y la inclusividad”.

En ese sentido, la Comisión General de las Comunidades Autónomas del Senado debe jugar un papel relevante en la superación de esta situación, pudiendo convertirse en ese espacio de reflexión y diálogo donde las diferentes administraciones y los actores implicados acerquen posiciones, desde el respeto, el rigor en los planteamientos, y la defensa de los derechos de los ciudadanos, para sentar las bases de la resolución de esta grave y preocupante situación.