Los parlamentarios sorianos, Javier Antón y Jesús Manuel Alonso, se han reunido con representantes de UGT, CC OO y ACAIP para detallarles los puntos de la Proposición No de Ley y abordar la situación de la actual prisión, con un 30% de plazas vacantes por traslados, segundas actividades y bajas, y la necesidad de urgir la convocatoria de plazas para la nueva si se quiere abrir en 2018. “Vamos a estar vigilantes porque la apertura de la cárcel es esencial para la empleo y después de 7 años de Gobierno del PP se sigue sin avanzar en la nueva y parcheando la vieja cada vez con más carencias”, ha explicado Antón.

Los parlamentarios socialistas Javier Antón y Jesús Manuel Alonso han mantenido una reunión con representantes de los sindicatos UGT, ACAIP y CCOO para revisar los principales problemas y reivindicaciones del colectivo de funcionarios de prisiones. De esta forma, han explicado la PNL presentada por el PSOE en el Congreso para conseguir una revisión de la política de retribuciones y establecer una equiparación salarial. Además de este aspecto,  que contempla mejoras para todo el ámbito nacional, los socialistas han abordado temas que afectan de forma directa al presente del trabajo de los funcionarios en la actual infraestructura penitenciaria de Soria, con actuaciones de parcheo y más de un 30% de vacantes de personal, y temas vinculados con el futuro a corto y medio plazo con la necesaria apertura de la nueva cárcel.

Javier Antón ha recordado que “el PP lleva 7 años en el Gobierno y la nueva cárcel de Soria sigue a la espera. No sólo se continúa sin poner en marcha una infraestructura que supondría la generación de más de 500 empleos sino que, además, la cárcel actual no recibe inversión y se solucionan sus carencias con parcheos”, ha explicado el diputado, quien además ha recordado las recientes reivindicaciones de los trabajadores que han denunciado que hay 22 vacantes en la RPT y la media de edad de los empleados actuales supera los 55 años en más del 60% de los casos.

Javier Antón ha añadido que “el empleo es una prioridad y, por ello, después de 7 años de parón no podemos dejar pasar la oportunidad de abrir la cárcel en 2018. Por ello, vamos a estar vigilantes y vamos a seguir siendo exigentes para conseguir su apertura”. Los parlamentarios recalcan que “si se quieren cumplir los plazos se debe convocar ya la relación de puestos de trabajo y de esta forma poner en marcha el proceso para la adjudicación de plazas y la posibilidad de poner en uso, por módulos, la cárcel”.

Por otro lado, han explicado a los sindicatos que en el Congreso se ha registrado una Proposición no de Ley para su debate en el Pleno  en la que piden “la revisión de las categorías que se atribuyen a los diferentes centros penitenciarios y la dotación material necesaria para el buen desarrollo de su trabajo, tanto para funcionarios como para personal laboral”.

Además, los socialistas piden que se lleven a cabo “las modificaciones necesarias para proceder a una justa equiparación salarial”, de forma que trabajadores de distintos centros con funciones similares tengan las mismas retribuciones, así como la recuperación de las pérdidas retributivas y adecuación del marco salarial tras la revisión de categorías.

La iniciativa recuerda que al colectivo se le aplica el marco retributivo de la función pública, con una distribución de complementos ligada a la categoría de los diferentes centros penitenciarios. Unas categorías, basadas en un contexto social y en unas circunstancias que no se dan en la actualidad, y que hace que trabajadores que desempeñan funciones similares en distintos centros reciban una diferencia salarial de hasta 7.000 euros anuales, por lo que “requieren una actualización”.

La proposición socialista plantea, además, establecer un sistema retributivo en el complemento específico propio de instituciones penitenciarias que permita individualizar y reconocer cada puesto de trabajo por la especificidad de sus funciones.

También solicitan un informe anual público que recoja los emolumentos de los diferentes puestos y especificidades, si el puesto está ocupado o no y si es por un hombre o por una mujer.

Además, el Ministerio del Interior deberá elaborar un documento en el que se comprometa a desarrollar una política de igualdad y mismo trato salarial y una actualización de la adscripción de los funcionarios a las categorías correspondientes a sus funciones conforme a la ley.