Los socialistas plantearon una iniciativa que fue vetada por el PP para evitar casos como el de  estas dos hermanas que compartían residencia de mayores y una tuvo que renunciar a su plaza para no perder su pensión no contributiva de apenas 380 euros al considerarse unidad familiar.

El parlamentario socialista Javier Antón considera que “debemos ver el lado positivo de la resolución actual, pero lamentar que, una medida que era cuestión de sentido común, que movilizó a cientos de ciudadanos y que fue presentada como Proposición de Ley por el PSOE y vetada por el PP y aprobada como PNL por todos los grupos, no haya llegado a tiempo para las dos hermanas tras el fallecimiento de una de ellas”.

Javier Antón ha querido poner en valor la recogida de firmas impulsada por Ángel Martín Vizcaíno, representante de una de las hermanas, que ha sido fundamental en este cambio en la normativa.

https://www.change.org/p/no-separen-a-m%C3%A1s-hermanas-como-julia-y-encarna-de-94-y-83-a%C3%B1os-cambien-esa-ley 

El parlamentario socialista Javier Antón ha destacado el camino abierto por la denuncia de las dos hermanas de Almazán que se vieron obligadas a dejar de compartir residencia para no perder la pensión no contributiva al entender la Junta de Castilla y León que componían una unidad familiar incompatible con esta mínima retribución. La medida, que en todo momento, fue considerada injusta y sin sentido se tradujo en una gran movilización popular con cientos de firmas de apoyo contra la separación de ambas hermanas y tambén en distintas iniciativas parlamentarias lideradas por el PSOE. Sin embargo, la respuesta del Gobierno fue la de desoír la denuncia popular y también rechazar las herramientas parlamentarias vetando una Proposición de Ley y obviando la aprobación de un PNL aprobada por unanimidad. El diputado socialista considera que “ahora hemos conocido que el Ministerio ha resuelto que compartir residencia no se puede considerar una unidad familiar y debemos sentir que es el resultado de esta presión iniciada por las dos hermanas y sus representantes, reforzada por cientos de vecinos y vecinas con sus firmas de apoyo  y respaldada por el PSOE. Sin embargo, no podemos olvidar que se ha aprobado por la puerta de atrás y que llega tarde para las dos hermanas”. El socialista Javier Antón ha querido reconocer el protagonismo e implicación de la ciudadanía canalizado a través de la plataforma change.org (https://www.change.org/p/no-separen-a-m%C3%A1s-hermanas-como-julia-y-encarna-de-94-y-83-a%C3%B1os-cambien-esa-ley ) con una recogida de firmas impulsada por Ángel Martín Vizcaíno, representante de una de las hermanas, que encontró una gran respuesta ciudadana.

Hay que recordar también que el el Grupo Socialista ha recurrido ante el Tribunal Constitucional la decisión de la Mesa de aceptar el veto del Gobierno, a la toma en consideración de la proposición de ley socialista sobre modificación de la regulación de la unidad de convivencia en determinadas situaciones, a efectos del acceso y mantenimiento en el percibo de las pensiones de la Seguridad Social en su modalidad no contributiva.

El Grupo Socialista considera inadmisible el argumento esgrimido por el Gobierno, además del de que comportaría un incremento de gasto público, que “la ley de pensiones no contributivas, al condicionarlas a los recursos familiares, intenta acabar con los casos de sobreprotección social”.

Con su iniciativa, los socialistas trataban de evitar  “la expulsión como beneficiaria de la pensión de personas que cumplen con los requisitos de falta de ingresos establecidos en el ordenamiento de la Seguridad Social”. Este ha sido el caso, denunciado por los socialistas, de dos hermanas de Almazán (Soria), que se vieron obligadas a renunciar a vivir en la misma residencia, para no perder su pensión no contributiva –de cerca de 380 euros- porque se las consideraba “unidad de convivencia”, y que motivó que el PSOE pidiera con su iniciativa que se modificara la ley para que no sucedan casos similares con el fin de que una residencia de ancianos no sea considerada unidad familiar. Así, con su proposición de ley, el Grupo Socialista pedía que “no se considere que existe unidad económica en los supuestos de familiares en segundo o tercer grado de consanguinidad que convivan en un centro asistido o residencia para mayores”.

El GPS adviertía de que los efectos que se derivan de este veto para los afectados son los siguientes: Dejar la residencia, al no poder sufragar los gastos, arrojándolas al abandono y falta de cuidado; dejar de convivir con sus seres queridos, privándolas del afecto y sumergiéndolas en la soledad; y una mayor situación de vulnerabilidad de las personas mayores con menores recursos económicos.