Afirma que “en apenas 80 días, el Gobierno ha tomado algunas decisiones que responden a grupos de intereses, pero no a los intereses generales de los españoles”.

Lavilla exige a Angulo pida disculpas a los más de 23.000 pensionistas sorianos por mentirles con la subida de pensiones, como queda recogido en la falsedad de su programa electoral y en el debate en TV de CyL mantenido

“Para los bancos, un código voluntario de buenas prácticas; para las mujeres otro código bien distinto, el Código Penal”, recuerda el PSOE 

 El Diputado Grupo Parlamentario Socialista por Soria, Félix Lavilla, se suma a la denuncia que ha realizado su grupo en el Congreso, ya  que  el Gobierno ha gastado más de siete millones de euros en falsa propaganda sobre la subida de las pensiones y ha pedido explicaciones a la vicepresidenta del Gobierno sobre ese gasto “a cargo del presupuesto publico”.

Lavilla se ha referido a las dos cartas enviadas por el Ministerio de Empleo a los pensionistas, “una para anunciar la subida de las pensiones con alegaciones propias de un panfleto del PP”; otra, firmada por la Directora General, “afirmando que la subida de impuestos hace que la pensión baje”. “Esto ha costado siete millones de euros. Cuatrocientos cincuenta mil euros en papelería y 36 céntimos de euro por el envío de cada carta”, ha asegurado, “en apenas 80 días, el Gobierno ha tomado algunas decisiones que responden a grupos de intereses, pero no a los intereses generales de los españoles”.

Además como denuncian los sorianos en la calle, “la reforma laboral atiende, sin ningún equilibrio a los intereses de las organizaciones empresariales”, mientras llevan a cabo “una campaña de descalificación de los sindicatos y de intoxicación contra todos aquellos que estamos en contra de la reforma”.

Por otro lado, ha continuado desgranando, “tras una aparente negociación con las compañías eléctricas parece que éstas les han ganado el pulso y que el déficit tarifario lo van a pagar sólo los consumidores” a través de una anunciada subida de la luz, después de las elecciones andaluzas y asturianas.

Sobre la reforma de la interrupción voluntaria del embarazo, ha dicho que “responde exclusivamente a los intereses de un sector de la Iglesia Católica que pretende imponer por Ley su moral y sus creencias religiosas”.

También se ha referido a otras decisiones que “responden únicamente a la propaganda gubernamental”, como el código de buenas prácticas “voluntario para la banca y restrictivo para el colectivo beneficiario”.

“Para los bancos, un código voluntario de buenas prácticas; para las mujeres otro código bien distinto, el Código Penal”, como denuncia el Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso