El Grupo Municipal Socialista censura la mala gestión del PP en la aprobación de unas tasas denunciadas por la Abogacía del Estado
- La demanda de la Abogacía del Estado ante los tribunales al ayuntamiento de Golmayo para retirar las ordenanzas municipales confirma las advertencias realizadas en su día por el Grupo Municipal Socialista, que ya alertó de posibles irregularidades en la aplicación de tasas diferenciadas en servicios públicos.
En el pleno celebrado ayer, el Ayuntamiento de Golmayo aprobó la revocación de las ordenanzas de tasas tras la denuncia formulada por la Abogacía del Estado, poniendo fin a un proceso que el Grupo Municipal Socialista había advertido desde el primer momento que podía vulnerar la legalidad vigente.
Las ordenanzas reguladoras de las tasas para la prestación del servicio del programa de ocio y tiempo libre, la utilización de locales de propiedad municipal y la tasa por celebración de matrimonios civiles oficiados por el alcalde o concejales fueron aprobadas inicialmente en el pleno celebrado el 30 de abril de 2025 con el voto favorable de la mayoría absoluta del Partido Popular, bajo la alcaldía de Benito Serrano.
Durante ese mismo pleno, el Grupo Municipal Socialista presentó una propuesta alternativa que partía de un precio base de los no empadronados aplicando posteriormente bonificaciones a las personas empadronadas, de forma que el importe final para estos vecinos coincidiera con el planteado por el equipo de gobierno. Con ello, se evitaban posibles problemas jurídicos derivados de establecer diferencias directas en función del empadronamiento. Esta propuesta fue rechazada por la mayoría absoluta del Partido Popular.
Posteriormente, el 15 de mayo de 2025, el Grupo Municipal Socialista registró alegaciones formales durante el periodo de exposición pública, antes de que las ordenanzas fueran aprobadas definitivamente el 26 de junio de 2025. En dichas alegaciones se advertía expresamente de que establecer diferencias en las tasas exclusivamente por razón de empadronamiento podía vulnerar el principio de igualdad recogido en el artículo 14 de la Constitución y contradecir la doctrina consolidada del Tribunal Supremo, que ha señalado en reiteradas ocasiones que el empadronamiento, por sí solo, no constituye un criterio objetivo suficiente para justificar beneficios económicos en servicios públicos municipales.
El Ayuntamiento desestimó estas alegaciones el 11 de julio de 2025, manteniendo intacto el texto aprobado y haciendo caso omiso de las advertencias planteadas por el PSOE.
Finalmente, ha sido la Abogacía del Estado quien ha promovido actuaciones al considerar que las ordenanzas no se ajustaban a la legalidad, lo que ha llevado al Ayuntamiento a revocar las tasas en el pleno celebrado ayer.
Desde el Grupo Municipal Socialista se subraya que esta situación era completamente evitable si el equipo de gobierno hubiera atendido las propuestas formuladas en tiempo y forma. “No se trataba de bloquear ni de confrontar, sino de mejorar el texto para evitar precisamente lo que ha ocurrido. Advertimos de las posibles consecuencias jurídicas y ofrecimos una alternativa viable. El equipo de gobierno decidió ignorarla”, ha señalado la portavoz socialista, Pilar Hernández.
El Grupo Municipal Socialista considera que lo sucedido evidencia una forma de gobernar basada en la imposición de la mayoría absoluta en lugar del diálogo y la búsqueda de consensos, y lamenta que el Ayuntamiento haya tenido que rectificar tras la intervención de la Abogacía del Estado, algo que podría haberse evitado con mayor rigor jurídico y mayor disposición al acuerdo.