El PSOE defiende soluciones rigurosas para apoyar al sector de la construcción
El Grupo Socialista en la Diputación de Soria ha rechazado la moción del Partido Popular al considerar que plantea una reforma de la Ley de Contratos sin analizar previamente la situación real de las obras de la Diputación. Esther Pérez ha defendido que apoyar al sector de la construcción exige actuar con datos, informes técnicos y seguridad jurídica, no con propuestas improvisadas.
Soria, 10 de julio de 2026
En el debate de la moción presentada por el PP durante el pleno de la Diputación de Soria. la portavoz socialista en la Diputación, Esther Pérez Pérez, ha comenzado reconociendo el trabajo que realizan las empresas constructoras de la provincia, muchas de ellas pequeñas y medianas empresas que generan empleo, riqueza y oportunidades en el medio rural. Asimismo, ha asegurado que el PSOE comparte la preocupación del sector por el incremento de los costes de la energía, los combustibles y los materiales de construcción.
Sin embargo, ha recordado que el Grupo Socialista ya advirtió en el pleno anterior, cuando esta misma moción quedó sobre la mesa, de que una reforma del sistema de contratación pública exige rigor técnico, seguridad jurídica y un análisis serio de su impacto sobre las administraciones públicas.
Pérez ha lamentado que, pese al tiempo transcurrido desde entonces, el equipo de gobierno no haya convocado la Comisión de Vías y Obras para informar a los grupos políticos sobre la situación real de los contratos provinciales ni sobre las posibles soluciones que ya ofrece la legislación vigente.
“Antes de pedir al Gobierno de España que modifique la Ley de Contratos, lo responsable era conocer exactamente qué está ocurriendo en cada obra provincial y compartir esa información con todos los grupos”, ha defendido.
La portavoz socialista ha agradecido expresamente la colaboración de los técnicos de la Diputación, que han facilitado la información solicitada por el Grupo Socialista para poder analizar el estado de ejecución de las obras del Plan Provincial 2025.
Fruto de ese trabajo, ha explicado que no existe un problema generalizado que justifique una reforma urgente de la legislación estatal. “Las situaciones son muy distintas y requieren respuestas diferentes”, ha señalado.
Así, ha detallado que existen obras que avanzan con normalidad, otras con prórrogas o suspensiones administrativas, algunas pendientes únicamente de la extensión del aglomerado, otras condicionadas por autorizaciones de otras administraciones y varias que todavía no han comenzado.
Como ejemplo, ha citado la carretera Borobia-Ciria, cuya paralización responde a la falta de autorización de la Confederación Hidrográfica del Ebro y no al incremento del precio del combustible, del asfalto o a la situación internacional. “No todos los problemas tienen el mismo origen ni pueden resolverse con una única reforma legal”, ha afirmado.
Sin informes
Esther Pérez también ha advertido de que la moción no incorpora ningún informe económico que cuantifique el impacto real de los sobrecostes en las obras provinciales ni el coste que supondría para las administraciones asumir revisiones extraordinarias de precios.
En este sentido, ha explicado que el análisis realizado por el Grupo Socialista refleja que el Plan Provincial moviliza alrededor de siete millones de euros y que las adjudicaciones se realizaron con bajas acumuladas cercanas a 1,15 millones de euros, alcanzando en algunos casos reducciones superiores al 20 por ciento sobre el presupuesto de licitación. Ha defendido que, si existen dificultades sobrevenidas, deben estudiarse contrato por contrato antes de plantear cambios estructurales en la legislación.
La portavoz socialista ha insistido en que el PSOE defiende una contratación pública que garantice tanto la viabilidad de las empresas como la protección del interés general y del dinero público. Por ello, ha rechazado convertir en permanente un mecanismo de revisión extraordinaria de precios sin una evaluación previa de sus consecuencias jurídicas y económicas.
Asimismo, ha señalado que la moción del Partido Popular tampoco acredita que las soluciones ya previstas en el ordenamiento jurídico, como las suspensiones de plazos, las prórrogas o los mecanismos de gestión contractual, hayan sido analizadas antes de reclamar una modificación de la Ley de Contratos.
“Nuestro voto en contra no supone dar la espalda a las empresas constructoras. Al contrario. Significa defender que los problemas reales se afronten con datos, con informes y con soluciones eficaces, no con titulares”, ha manifestado Esther Pérez.
El Grupo Socialista ha reiterado finalmente su disposición a respaldar todas aquellas iniciativas que, desde el consenso institucional, permitan garantizar la ejecución de las obras públicas, proteger el empleo y ofrecer seguridad tanto a las empresas adjudicatarias como a las administraciones. Pero ha subrayado que la Diputación debe empezar por conocer y analizar en profundidad la realidad de sus propias obras antes de reclamar cambios legislativos de alcance estatal.