El PSOE exige transparencia al PP sobre los fondos del PERTE del agua
El Grupo de Diputados Socialistas de la Diputación de Soria exige a Benito Serrano que facilite la documentación de un proyecto de más de diez millones de euros y aclare si los retrasos y las incidencias ponen en riesgo la financiación europea
Soria, 21 de octubre de 2026
Los socialistas de la Diputación denuncian la falta de transparencia del equipo de Gobierno del Partido Popular sobre la ejecución del PERTE de Digitalización del Ciclo Urbano del Agua y reclama al presidente de la institución, Benito Serrano, que facilite de inmediato toda la documentación solicitada. El viceportavoz socialista, Belén Antón, advierte de que los retrasos acumulados, las incidencias reconocidas y la ausencia de información impiden conocer si se ha cumplido con la justificación de los fondos y si existe riesgo de perder financiación europea.
«El PP sabe que el PERTE del agua ha tenido problemas. Lo que no quiere es que sepamos cuánto nos pueden costar a todos los sorianos», afirma Antón, que considera inadmisible tener que reclamar reiteradamente información sobre una inversión de 10.106.783,03 euros, de los que 3.292.293,95 euros corresponden a fondos propios de la Diputación. El proyecto SOAR, financiado en el marco del Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia del Gobierno de España, debía modernizar la gestión del agua mediante contadores inteligentes, sistemas de telelectura y digitalización de infraestructuras para mejorar la eficiencia y reducir las pérdidas en las redes de suministro.
La diputada socialista pone el foco en los plazos de ejecución. El proyecto debía estar completamente ejecutado el 31 de diciembre de 2025, pero el contrato principal para el suministro e instalación de contadores inteligentes, adjudicado a Vodafone España por 3.220.463,16 euros, no se formalizó hasta el 30 de marzo de 2026. Además, se aprobaron ampliaciones de plazo para la asistencia técnica de TRAGSATEC hasta el 1 de junio de 2026 y para las obras encargadas a TRAGSA hasta el 31 de mayo. «Los retrasos están ahí. Las incidencias están reconocidas. Las quejas de los ayuntamientos también. Lo único que sigue sin aparecer son las explicaciones del presidente», señala Antón.
El PSOE alerta de que el incumplimiento de las condiciones y los plazos de justificación puede acarrear la pérdida del derecho al cobro de las ayudas o el reintegro de cantidades percibidas, con los correspondientes intereses y posibles penalizaciones. Si se produjera alguno de estos supuestos, la Diputación tendría que asumir total o parcialmente el coste del proyecto con recursos propios, comprometiendo otras inversiones provinciales. «No estamos hablando de un problema menor. Estamos hablando de dinero público, de servicios esenciales para nuestros pueblos y de una inversión que debería haber servido para modernizar la gestión del agua en la provincia», subraya.
La falta de información, denuncia Antón, se mantiene pese a los compromisos adquiridos por el propio equipo de Gobierno. En la comisión de Reto Demográfico y Fondos Europeos del 1 de agosto, Esther Pérez preguntó por la situación del PERTE y su presidente, Daniel García, se comprometió a facilitar los datos y los hitos intermedios en la siguiente reunión. Sin embargo, en la comisión del 3 de septiembre no se ofreció esa información. El Grupo Socialista ha solicitado por escrito en dos ocasiones el acceso a la documentación justificativa, los hitos alcanzados y el número de contadores pendientes de instalación, sin haber obtenido respuesta.
Según la información trasladada verbalmente, se habrían instalado unos 8.842 contadores y la plataforma estaría operativa, aunque también se han registrado numerosas quejas de ayuntamientos y particulares e incidencias en los equipos y en su comunicación con la plataforma. El propio equipo de Gobierno ha reconocido los problemas y las reuniones mantenidas con la empresa adjudicataria para exigirle responsabilidades. «La Diputación exige responsabilidades a la empresa, pero el presidente no asume las suyas», sostiene Antón, que añade: «No estamos pidiendo información que no exista. Estamos reclamando la información que el propio equipo de Gobierno se comprometió a entregarnos y que, a día de hoy, seguimos sin tener».
La viceportavoz socialista considera que esta opacidad impide al grupo de la oposición cumplir su labor de fiscalización y defender los intereses de la ciudadanía. Por ello, reclama a Serrano que explique qué ha fallado, detalle las incidencias, aclare el estado real de la justificación y concrete si existe financiación en riesgo y cuál sería su cuantía. «Señor Serrano, la transparencia no consiste en contar únicamente lo que sale bien. Consiste, precisamente, en dar la cara cuando las cosas salen mal», afirma. Y plantea la pregunta que, a su juicio, sigue sin respuesta: «¿Va a perder la provincia de Soria parte de los fondos europeos por la gestión del Partido Popular? ¿De qué cantidad estamos hablando?».
Antón recuerda que la preocupación socialista por la planificación de este proyecto se suma a otras oportunidades de financiación que, según denuncia, no se han materializado, como los 1,5 millones de euros previstos para parques comarcales, los 98.000 euros de Soria con Vida, los 45.000 euros para educación ambiental y los 40.000 euros destinados a proyectos de promoción y apoyo al pequeño comercio. Frente a esta situación, reclama un plan de desarrollo provincial que permita distribuir las inversiones de manera equilibrada y conocer, antes de elaborar los próximos presupuestos, con qué financiación cuenta realmente la Diputación. «Nuestra provincia necesita muchas inversiones y nuestra responsabilidad como políticos es gestionar de forma responsable el dinero público, no perder subvenciones y trabajar para llegar a tiempo en la ejecución y en la justificación», recalca.
El Grupo Socialista exige al presidente de la Diputación que facilite inmediatamente toda la documentación y dé explicaciones sobre la gestión de un proyecto estratégico para los municipios sorianos. «Los pueblos de Soria necesitan inversiones, no excusas. Necesitan soluciones, no silencios. Cuando se gestionan más de diez millones de euros de dinero público, dar explicaciones no es una opción. Es una obligación», concluye Belén Antón .