La negativa a dialogar y buscar soluciones consensuadas con oposición y trabajadores llega al extremo de poner en duda el anteproyecto realizado por su propio partido en la Junta dudando de su aprobación y del artículo que incluye las residencias como competencia autonómica. Tampoco se acepta un recurso para mejorar el pliego de 15 trabajadores ni la suspensión del proceso a la espera de una sentencia judicial.

Una vez más el equipo de Gobierno de la Diputación de Soria que preside Antonio Pardo se enroca en su inamovible postura sobre las residencias y la privatización y vota ‘no’ de forma sistemática contra los 6 recursos y no admite otro. El PP no desciende, ni siquiera a la lectura de estos textos, y opta por la negativa repetida sin argumentos lo que incluso le lleva a poner en duda la aprobación de la Ley de Ordenación del Territorio elaborada por su propio partido en la Junta y de ámbito autonómico, una ley que detalla la competencia regional de las residencias.

El PSOE, por su parte, ha apoyado los seis recursos e insistido en que se admitiera el séptimo que, incluso, apuntaba en su redacción a la búsqueda de la mejor oferta posible solicitando una suspensión temporal del proceso de adjudicación para enriquecer el pliego con sus ideas. El texto de este recurso, avalado por más de 15 trabajadores, incluye propuestas para mejorar al citado pliego de licitación que, Diputación, ni siquiera ha entrado a valorar. El recurso instaba a suspender temporalmente el proceso hasta estudiar estas alternativas. Desde el PSOE, se lamenta que “no exista comunicación y que Pardo no tenga ni siquiera el talante de escuchar a trabajadores con ideas y propuestas que buscan el beneficio del servicio y que, incluso, tratan de mejorar el pliego”.

En la citada comisión también se ha trasladado, por parte del Grupo Socialista, la posibilidad de suspender el proceso de adjudicación mientras no se resuelva la tramitación que se está llevando a cabo en el Juzgado de lo Social. El PSOE lamenta, además, que uno de los informes periciales de la Inspección de Trabajo se haya conocido a través de los medios de comunicación, “un ejemplo más de la opacidad en todo este proceso”. La presidenta de la comisión, incluso, ha reconocido que no tienen conocimiento de ese informe en la Institución. “Es inverosímil que una prueba solicitada en un trámite, en la que esta Institución es parte implicada, no se conozca” ha comentado Virginia Barcones, Diputada Provincial Socialista. Por toda esta cadena de incógnitas y errores, “les hemos advertido que no sean cabezones y que reflexionen. Les hemos pedido y aconsejado que paralicen la tramitación hasta que se resuelva o se dicte sentencia”

Por último, el PSOE ha insistido en esperar a que el anteproyecto de LEY DE ORDENACIÓN, SERVICIOS  Y GOBIERNO DEL TERRITORIO DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN, que contempla la competencia autonómica de las residencias, se debata y apruebe, según la previsión del PP en verano, para después tomar una decisión tan importante como es la privatización de las residencias. Paradójicamente, el Equipo de Gobierno ha contestado que no da crédito a que este Anteproyecto salga adelante. “Es vergonzoso que no crean en la legislación que su propio partido ha estado elaborando en la Junta de Castilla y León, parece que no se hablan ya que ponen en entre dicho las palabras y hechos de sus dirigentes autonómicos” concluyo Barcones. “Pardo como presidente de la Diputación ha estado en la mesa de Ordenación del Territorio, creo que algo habrá tenido que proponer y que algo tendrá que decirles a sus compañeros de la Junta de Castilla y León”, concluye.

Entre otras cuestiones, el citado anteproyecto, recoge la integración en la administración autonómica de las residencias de las corporaciones locales. Concretamente, la Disposición Adicional Cuarta dice:

Cuarta.- Integración de centros residenciales de las corporaciones locales.

La administración de la Comunidad de Castilla y León podrá integrar en su red de centros residenciales de titularidad pública, las residencias de personas mayores y los centros de personas con discapacidad de titularidad de las corporaciones locales, en los términos y condiciones que se establezcan en los correspondientes acuerdos que se suscriban, y para los centros que oficialmente estén calificados como tales. La constitución de las correspondientes comisiones mixtas de traspaso se efectuará progresivamente a partir de la entrada en vigor de esta ley.

            El personal de estos centros asignados directa y cualificadamente a la prestación de estos servicios se integrará en la Administración de la Comunidad Autónoma, siéndole de aplicación la legislación de la función pública autonómica.

            Respecto al resto de medios personales que no se ajusten a la normativa autonómica o que la correspondiente comisión mixta de traspaso no valore como necesarios, las entidades locales realizarán un plan de reubicación en sus estructuras y de formación de dicho personal.

En todo lo que sea compatible por la naturaleza de los servicios a integrar, será aplicable la Ley 8/2009, de 16 de junio, de transferencia de competencias entre la Comunidad Autónoma y las entidades locales de Castilla y León.