La procuradora socialista realiza hoy una pregunta oral en la Comisión de Fomento para plantear las dudas de los ayuntamientos propietarios de terrenos ubicados en reservas regionales y para buscar respuestas a las lagunas del nuevo modelo que elimina las ayudas ZIS, cuando todavía no se han pagado ni las de la convocatoria del año 2010.

El nuevo modelo de gestión de las Reservas Regionales de Caza depara más lagunas, que certezas y los ayuntamientos titulares de los terrenos apenas saben cómo les va a afectar en la práctica estos cambios y si, como parece, les supondrá una caída de ingresos que revierten en el monte, de ayudas y un incremento de gastos para la gestión de estas reservas. La procuradora socialista Esther Pérez, que junto con el grupo socialista se ha reunido con representantes de los municipios afectados, trasladará mañana en una pregunta oral muchas de estas inquietudes en la Comisión de Fomento y Medio Ambiente de las Cortes. Entre los temas que preocupan especialmente y no quedan resueltos en ninguno de los documentos previos destaca la titularidad de los terrenos, los fondos de gestión y mejora y la junta consultiva. También genera controversia la posibilidad de la segregación, sobre la que algunos ayuntamientos ya han sido preguntados con un plazo de 30 días cuando todavía no hay un texto firme y cuando el documento de estudio también contempla la potestad de la Junta de no aceptar una segregación si perjudica o así lo entiende al proyecto colectivo. Los guías de caza y los planes de mejora cinegética así como los precios de las piezas para los vecinos de los terrenos afectados serán otros de los puntos que mañana presentará la socialista con el objetivo de que la Junta avance datos nuevos sobre el texto base, que pueda tranquilizar a los Ayuntamientos propietarios.

Esther Pérez también hará especial incidencia en las ayudas ZIS. Se da la paradójica situación, de que el nuevo proyecto de reserva retira estas ayudas cuando la convocatoria de 2010 todavía no ha sido abonada con más de 166.000 euros impagados a 16 ayuntamientos que a través de esta línea podían afrontar obras públicas importantes para la mejora de su municipio, pero también para activar la economía y generar empleo. Este retraso, que supera ya los dos años, tiene una lógica traducción en la tesorería de las empresas que acometieron las actuaciones. Esther Pérez considera que “el nuevo modelo genera más dudas que el anterior y, de momento, no vemos qué ventajas y beneficios aporta. Concretamente, las eliminación de las ayudas ZIS es un varapalo para muchos pequeños municipios que a través de esta línea podían ver como sus pueblos recibían cierto beneficio del aprovechamiento cinegético de sus montes. Lógicamente también pedimos que se paguen los 166.000 euros que todavía se adeudan de 2010 en la provincia de Soria. Resulta chocante afrontar un nuevo modelo con tantas cosas todavía pendientes”.