La procuradora socialista Esther Pérez ha visitado una de las plantas afectadas y recuerda que el cierre afectará a sus trabajadores, pero también al tejido económico de la zona con gremios que dependen de las plantas de forma indirecta. El PSOE pide soluciones para las seis plantas de Soria y denuncia el nuevo varapalo a la economía de la provincia. Pérez presentará una PNL para que la Junta inste al Gobierno al mantenimiento de las ayudas a la cogeneración a través de purines. Actualmente, las plantas sólo tratan ya los purines almacenados y los ganaderos se encuentran con un nuevo problema para buscar cómo gestionar los purines y para el futuro de sus explotaciones. En Castilla y León son 11 plantas, 29 en España y más de 4.200 empleos en riesgo.

El PSOE presentará en las Cortes de Castilla y León un Proposición No de Ley para instar desde la Junta al Gobierno de España al mantenimiento de las ayudas a las plantas de cogeneración a través de purines y, de esta forma, salvaguardar los más de 60 empleos directos así como el tejido económico que depende del desarrollo de esta actividad.
Desde el PSOE, la procuradora socialista y responsable provincial de economía y empleo, Esther Pérez, ha mostrado su preocupación por la pérdida de en torno a 60 puestos de trabajo directos en la provincia de Soria, a los que se sumarían los indirectos. Este mazazo, además, se cebaría con entornos ya afectados de forma dramática por la crisis en áreas rurales donde ya han incidido de forma muy negativa las medidas y recortes adoptados por el Gobierno del PP. Las cuatro plantas afectadas en Soria se encuentran en los municipios de Langa de Duero, Ágreda, Almazán y Los Rábanos.

”Las alarmantes cifras de desempleo con que cuenta nuestra provincia deben llevar al gobierno del Partido Popular a no tomar aquellas medidas que condenan al cierre de las plantas y a la pérdida de empleo con su consiguiente traducción en más  despoblación en el medio rural”, afirma Perez, que ayer mismo visitó la planta de Langa, ENERCOR XXI, para conocer la realidad de estas instalaciones y el futuro de las mismas con la eliminación de las ayudas.

Tras conocer ‘in situ’ esta problemática, que no puede desligarse en ningún caso de sus consecuencias en el empleo ni del futuro del sector porcino y su crecimiento, la socialista destaca el mensaje que trasladan desde el sector afectado de manera directa. “Los ganaderos quieren criar cerdos, curar jamones, crear empleo y vivir en nuestros pueblos y todo ello es imposible con este tipo de medidas. Los ganadores no quieren que las plantas de purines tengan que cerrar”, insiste la procuradora.

Las organizaciones agrarias, la Asociación Nacional de Productores de Ganado Porcino, la asociación de empresas para el desimpacto ambiental de los purines, Cooperativas Agro-alimentarias España, entre otros, han puesto de manifiesto el riesgo que supone para el sector la reducción de más del 40% de los parámetros retributivos de la energía producida por cogeneración anunciados por el Gobierno.

En el Real Decreto 661/2007, la Administración del Estado estableció las tarifas y primas para este modo de producción de energía durante los 15 primeros años. Al amparo de estas cifras, el sector porcino apostó por el sistema de procesamiento de purines y se acometieron las inversiones industriales oportunas.

Por ello, cuando aún no ha transcurrido la mitad de este periodo, en el mejor de los casos, se presenta una propuesta de Real Decreto y la Orden Ministerial, donde se regula la actividad de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos, reduciendo los parámetros retributivos de la energía producida por cogeneración. El sector ha mostrado su preocupación por la posibilidad de que las plantas de tratamiento integral de purines mediante secado térmico cesen en su actividad debido al cambio de la normativa promovido desde el Ministerio de Industria.

De confirmarse la previsible reducción del precio del kilovatio producido, como figura en el anteproyecto de la orden del ministerio de Industria, las empresas se verán obligadas a cerrar estas plantas, con lo cual los ganaderos, por lo general de explotaciones porcinas, tendrán que buscar una nueva y no fácil solución a la gestión de los purines.

Se considera que el mejor destino de los purines, tanto desde el punto de vista medioambiental como de la sostenibilidad del sector agroganadero, es su utilización como fertilizante orgánico, pues siguiendo las pautas establecidas para una aplicación correcta no ocasionan perjuicios dignos de mención y por el contrario fertilizan el suelo agrícola de forma eficiente y barata, aportando la mayoría de los nutrientes que necesitan las plantas.

No obstante, estas plantas de tratamiento de purines, cumplen una función muy interesante en el caso de explotaciones de porcino que no tienen una base tierra, en zonas con alta concentración de granjas, o donde por razones de población o de otra índole hay restricciones especiales para el abonado orgánico de las parcelas.

Con este cambio, el Gobierno pone en grave riesgo la continuidad de más de 3.000 explotaciones de porcino que actualmente gestionan sus excedentes de purines en las 29 plantas de tratamiento que hay en España, 11 de ellas en nuestra Comunidad Autónoma, e implica la pérdida de más de 4.200 empleos directos e indirectos, en su mayoría en el medio rural.

De confirmarse la aprobación de dicha propuesta, se espera el cierre inmediato de todas las plantas. De hecho, la mayoría de las instalaciones de tratamiento de purín ya han paralizado su actividad ante la inminente entrada en vigor del nuevo régimen retributivo, cuya aplicación está prevista además que se realice con carácter retroactivo desde julio de 2013. Concretamente las plantas de Soria están tratando los purines que permanecían almacenados y tratan de evitar los daños derivados de la climatología en plantas situadas hasta a 900 metros de altitud.

Desde el PSOE han calificado de “crítica” la situación que atraviesan las plantas que tras los contratiempos iniciales, habían alcanzado una situación estable y que hoy, de confirmarse el anuncio, ven peligrar su futuro y con el, los empleos generados en el medio rural.

Igualmente desde el PSOE han mostrado su preocupación por las consecuencias para los ganaderos, que se verán obligados a buscar una “alternativa viable” para los purines derivados de sus explotaciones, dificultado así el mantenimiento y crecimiento del sector.