Tras la negativa a convocar las ayudas ZIS, ahora da la espalda a los regantes, que tampoco podrán recuperar una línea que se paralizó en 2012. La procuradora socialista denuncia “los pasos que se han dado atrás con las decisiones del PP en el mundo rural escudándose en la crisis y que hacen que fijar población y dinamizar la economía en provincias como la soriana sean cada vez retos más difíciles”.

El PP sigue mirando a otro lado cuando se trata de aprobar medidas que supongan un estímulo para el mundo rural. Tras la negativa de esta semana en la Junta de recuperar las ayudas a las zonas ZIS, esta misma tarde el turno ha sido para la comunidad de regantes. La procuradora Esther Pérez ha lamentado el voto contrario a la petición socialista de incluir en los presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de Castilla y León una partida económica suficiente, para recuperar la ayuda a las comunidades de regantes (pago de 2 puntos de los intereses), que se paralizaron en el año 2012.

La procuradora considera que los argumentos del Partido Popular carecen de base ya que los populares alegan el convenio rubricado hasta 2015 que eliminaba la convocatoria de ayudas también amparándose en el marco de la crisis. La socialista insiste en que “hablen claro y expliquen sus prioridades y si el apoyo al mundo rural y provincias como la nuestra está entre ellas”. El PSOE insiste en que esa cláusula fue una “imposición en la que los regantes no tuvieron opción y, por ello, es el momento de trabajar para recuperarlas”. La socialista exige al PP que “lo mismo que argumenta su voto en contra en esta cláusula como si fuera inamovible, recuerde los incumplimientos en los pagos con deudas de más de 2 millones de euros de 2009 a 2011 y sea igual de tajante en dar cuenta de los mismos. ¿Qué sucede con esas ayudas? ¿Quién las asume?”. El compromiso firme era mantener una reunión en 2014 para analizar la posibilidad de recuperarlas en 2015, pero como “siempre se ha quedado en papel mojado” y, como recuerda Esther Pérez, otro revés “con el voto contrario de hoy”.

En la página web de la Junta de Castilla y León podemos leer lo siguiente:

“Desde el año 2011, la crisis económica general ha obligado a las distintas administraciones a adoptar medidas drásticas y urgentes en materia económica, entre otras el compromiso de reducir gastos para acabar con el aumento del déficit público. En Castilla y León, con el objetivo de garantizar el compromiso con la estabilidad y sostenibilidad de las cuentas públicas, se elaboró el Plan Económico-Financiero de Castilla y León para el periodo 2011-2013. Ante este nuevo escenario económico, la Consejería de Agricultura y Ganadería y las 29 comunidades de regantes que suscribieron la citada adenda han acordado suspender temporalmente el pago de la subvención durante los años 2012 a 2015, con la consiguiente reprogramación de las obligaciones asumidas mediante el reajuste de las anualidades afectadas. Ambas partes se comprometen a reunirse en el segundo semestre de 2014 al objeto de determinar si la evolución de las medidas de control de déficit público permite reanudar la vigencia y efectos de los convenios suscritos durante el 2015.”

La procuradora ha recordado que se trata de una importante ayuda que supone los dos puntos de interés que cubría la Administración regional sobre los créditos que los regantes contrataron con una entidad bancaria por 25 años para pagar el 24 % del coste total de las obras y que debían aportar como tarifa anticipada a la Sociedad Estatal de Infraestructuras Agrarias (Seiasa) del Norte SA. Estas ayudas, que amparaba las 25 anualidades de amortización, nacieron en el año 2005 con el fin de, mejorando las condiciones de financiación, salvar las reticencias de los agricultores a sumarse al convenio marco firmado un lustro antes por Seisa y la Junta para la modernización de los regadíos de la Comunidad dentro del Plan Nacional de Regadíos y que distribuía la financiación entre la Administración regional (20 %), la sociedad estatal (36,2 %), los regantes (24 %) y la Unión Europea (19,2 %).

A la fecha de presentación de esta proposición no de ley, la Consejería de Agricultura y Ganadería no se ha puesto aún en contacto con FERDUERO, tal como se comprometieron en el año 2012.