La media nacional alcanza los 97 euros, mientras que la autonómica roza los 87 por habitante. La socialista insiste en que “hay formas distintas de hacer las cosas y estas estadísticas sí reflejan las prioridades de cada uno a la hora de trabajar”. Según la última estadística sobre los costes efectivos de los servicios sociales publicada por el Gobierno y que incluye una tabla por ayuntamientos, la capital soriana casi duplica la media regional superando los 150 euros. 

La procuradora socialista Esther Pérez denuncia los retrocesos del Partido Popular en materia de servicios sociales y pone en valor el papel de “las entidades locales y entidades del tercer sector que, en muchos casos, están permitiendo que algunos recursos se mantengan a pesar de las políticas del PP”. La soriana ha recordado la eliminación de las líneas de ayudas a mayores y a la conciliación, la caída de las prestaciones y la desaparición de programas para colectivos específicos como los mayores. Por ello, la socialista espera que todos estos pasos atrás no sean definitivos y que se recuperen muchos de los derechos perdidos. “La realidad nos dice que estas prestaciones son cada vez más necesarias, que los colectivo vulnerables son los que peor lo están pasando y, sin embargo, cada año hay menos beneficiarios y se destina menos presupuesto apostando por otras herramientas como el copago”, recalca la socialista, quien insiste en la “necesidad de contar con programas y planificación para buscar soluciones”.

La procuradora socialista se ha referido a algunos datos claros que confirman los pasos atrás de la Consejería de Servicios Sociales con un retroceso en el número de ayudas y, por supuesto, en la cifra de nuevos dependientes que tras un crecimiento anual de entorno a los 12.000 nuevos en la comunidad, ahora prácticamente la cifra se encuentra estancada en 62.724. Al margen de la cantidad, el presupuesto ratifica este descenso en las ayudas ya que en 2015 la cantidad destinada a la dependencia será de 57,8 millones de euros menos.

Otros aspectos que han marcado la legislatura en esta materia ha sido la supresión de servicios para las personas más vulnerables. Un ejemplo de esta decisión de reducir recursos es el servicio de asesoramiento jurídico y psicológico para mayores que ha desaparecido o la supresión durante dos años de las ayudas para audífonos, gafas, camas articuladas… Esta convocatoria se ha recuperado, pero pasando de los 2,7 millones de euros de 2011 a algo más de 500.0000.

Los mayores también han sufrido un recorte en sus programas para prevenir el envejecimiento y apostar por un ocio adaptado a sus necesidades. El presupuesto se ha reducido de 2,6 millones a 350.000 euros, pero sin financiar los programas y sólo destinado a la Federación de Jubilados.

El Ayuntamiento de Soria, por su parte, ha decidido no eliminar este servicio y asumirlo en solitario con una inversión anual de más de 80.000 euros que, pese al hachazo de la Junta, ha permitido que más de 700 mayores de la capital puedan disfrutar de las demandadas Aulas de la Tercera Edad. La procuradora Esther Pérez insiste en que “estos datos demuestran que se han perdido servicios, se han recortado recursos, se han dado evidentes pasos atrás en materia de servicios sociales y sólo el compromiso de algunas entidades locales ha permitido que el hachazo para el ciudadano no haya sido todavía más duro”.

También se ha reducido en líneas generales la financiación del Acuerdo Marco y la conciliación de la vida laboral y familiar directamente ha desaparecido de la agenda de Servicios Sociales de la Junta. Las ayudas en 2010 ascendía a 39 millones de euros y las deducciones fiscales con las que ahora “pretenden maquillar estas medidas tan poco sociales” apenas suponen 6 millones de euros.

Según los últimos datos publicados por el Gobierno sobre el coste efectivo de los servicios sociales y de protección por habitante, la comunidad se coloca por debajo de la media nacional, 97 euros. Castilla y León destina una media de 87 euros. La cifra, sin embargo, sí coloca a la capital soriana entre las que más euros destina a esta área casi duplicando la media regional. Esta cifra, como explica la procuradora, “pone de manifiesto que hay formas distintas de hacer las cosas y prioridades diferentes entre unos y otros”.