En una reunión con sindicatos y representantes municipales se ha denunciado que el Plan no está consensuado, perpetúa un modelo de desigualdad y carece de la financiación

El PSOE ha mantenido una reunión de trabajo sobre el Plan Sectorial de prevención de incendios con representantes de los sindicatos Comisiones Obreras, UTG y CSIF,  con la Plataforma de Bomberos de Castilla y León, así como representantes socialistas del ayuntamiento de Soria y la diputación de Soria. Los socialistas inician una ronda por todas las provincias para visibilizar  lo que consideran que está siendo “un atropello más de la Junta de Castilla y León a los ciudadanos y las ciudadanas del medio rural”

El  coordinador del área de cultura del Grupo Socialista CCYL José Luis Vázquez ha recordado que el Plan sectorial de los servicios de prevención, extinción de incendios y salvamento fue aprobado de forma unilateral por la Junta de Castilla y León mediante un decreto en marzo sin contar con el apoyo de los sindicatos ni de la FEMP. “Estamos hablando que con la aprobación no solo se vulnera la Ley vigente del año de 2007 de Protección Ciudadana sino que además, se atenta contra la sentencia que el TSJ de Castilla y León en 2020 dictó a la hora  de establecer que los servicios de  emergencia solo y exclusivamente pueden ser prestados por agentes de la autoridad, funcionarios públicos y bomberos, que los voluntarios tendrá que ser siempre sustitutivos”, subraya añadiendo que el PSOE “valoramos y reconocemos su abnegado  compromiso de servicio pero que en ningún caso puede sustitutivos  en la prestación de un servicio esencial”

Además, en Soria, el plan sectorial  “cercena uno de los objetivos de la mesa sectorial ( formada por los sindicatos, ayuntamientos y diputaciones) donde la previsión era dotar  de cinco parques profesionales, uno en Soria y cuatro en los puntos cardinales de la provincia”.

Oportunidad perdida

Para Vázquez, la Junta de Castilla y León se “empecina” en desaprovechar una oportunidad extraordinaria, “la que brida el plan extraordinario  de resiliencia y transformación de la UE”. Otras comunidades están aprovechando dicha cobertura para proyectar sus vigentes normativas mientras que en nuestra comunidad, se apuesta por adoptar un modelo de privatización y precarización del empleo.  “Y somete a graves riesgos de inseguridad jurídica a nuestros alcaldes y a los que prestan  el servicio de forma contraria a lo que  dictamina en la sentencia y la ley y la garantía de la percepción del servicio a los cuídanos”, puntualiza el procurador socialista.

La Vicesecretaria  General del PSOE Castilla y León, Virginia Barcones ha expresado la coincidencia tanto con sindicatos como representantes municipales en la necesidad de retirada de este decreto  porque carece del acuerdo necesario y no está consensuado “con absolutamente nadie”. En segundo lugar, porque perpetúa modelo de desigualdad, depende del lugar donde residas en el mundo rural o en una provincia u otra.  En tercer lugar, porque carece de la financiación de una de las administraciones que tienen la competencia en materia de prevención de incendios como es la Junta de Castilla y León. “Con la financiación que pone la Junta encima de la mesa tardaríamos 85 años en desplegar un modelo para la prestación de un modelo público esencial. El PP después de 35 años lo único que han ordenado son sus sillones cuando se pone a ordenar un servicio  público, lo hace a 85 años vista”.

Incrementa la desigualdad

En definitiva, los socialistas están defendiendo un modelo de comunidad donde esté  garantizada la igualdad de derechos y de oportunidades se viva donde se viva. Barcones  ha denunciado que  con este plan se incrementa la desigualdad, “si tengo la desgracia de que se me queme mi casa en Soria vendrá un bombero profesional a apagar el incendio, pero si se quema mi casa en Berlanga de Duero vendrá un voluntario, a la que reconocemos el esfuerzo, no  puede prestar a título principal un servicio público esencial, tienen que ser complementarios”

Para los socialistas, no se puede perpetuar un sistema donde los servicios públicos no sean prestados por empleados públicos, la Junta de Castilla y León no puede hacer dejación de funciones en la ordenación del territorio sin aportar la debida financiación.