El pacto da certidumbre a los pensionistas actuales y futuros, en la provincia de Soria la población activa que supera los 55 años se acerca a las 12.000 personas. Además, se contemplan incentivos para acercar la edad efectiva de jubilación a la edad ordinaria

Los parlamentarios del PSOE de Soria han puesto en valor el acuerdo que ha suscrito el Gobierno de España con los agentes sociales para garantizar el poder adquisitivo de los pensionistas y asegurar la sostenibilidad del sistema público de pensiones. Es un paso crucial que salda una de las grandes reivindicaciones de este colectivo y la ciudadanía en general siendo el primer gran acuerdo para la reforma del sistema público de pensiones que nace del diálogo social (entre el gobierno y los interlocutores sociales CEOE, CEPYME, CCOO y UGT) consensuado en España desde 2011. En él se abordan más de la mitad de las recomendaciones del Pacto de Toledo aprobadas por el Parlamento en otoño, lo que permite hacerse una idea de la profundidad de estas medidas. El primer bloque de reformas previsiblemente entrará en vigor el 1 de enero de 2022 mientras que el resto, lo hará a mediados de ese año. En la provincia de Soria, la población activa que supera los 55 años de edad se acerca a las 12.000 personas.

Para el diputado Javier Antón y los senadores Pilar Delgado y Jesús Manuel Alonso hay que destacar “la importancia de dar certidumbre a millones de pensionistas actuales y futuros al garantizar su poder adquisitivo y reforzar la sostenibilidad que contempla este sistema a medio y largo plazo”. Subrayan que este acuerdo incluye un amplio abanico de incentivos para acercar la edad efectiva de jubilación a la edad ordinaria con la posibilidad de cobrar un pago único por cada año de alargamiento de la vida laboral, que en principio se ha estimado en 12.000 euros.

Principales medidas

La revalorización de las pensiones de acuerdo al IPC, es la primera de las novedades que contempla este acuerdo con los agentes sociales. Se establece un sistema análogo al de los países de nuestro entorno, de forma que el 1 de enero de cada año se incrementarán las pensiones de acuerdo con la inflación media anual registrada en el ejercicio anterior.

A ello se suman medidas de acercamiento voluntario de la edad efectiva de jubilación con la edad legal. En este aspecto se fijan cuatro vías: la revisión de la jubilación anticipada tanto como voluntaria como involuntaria y por razón de la actividad, la jubilación demorada, la jubilación activa y la forzosa.

Además, se fortalece la estructura de ingresos del sistema y la culminación del principio de separación de fuentes respecto  de  aquellas prestaciones y medidas cuya financiación no ha sido asumida por el Estado. Es decir, los Presupuestos Generales del Estado apoyarán financieramente al sistema aportando unos  22.000 millones de euros anuales.

Finalmente, el acuerdo ha incluido la sustitución del actual factor de sostenibilidad por un nuevo mecanismo de equidad intergeneracional que entrará en vigor  a partir de 2027. Con esta fórmula se evitará que recaiga en las generaciones más jóvenes la llegada a la edad de jubilación de cohortes de trabajadores más pobladas, fortaleciendo la continuidad del sistema en el medio y largo plazo.