El PSOE calcula que se han dejado de ingresar 34.500 euros por el cobro de tasa regulada en la Ordenanza que entró en vigor en enero de 2022 mientras que los gastos que está ocasionando para las arcas provinciales por la vigilancia y los seguros por mantener allí las aeronaves superan los 250.000 euros.   En lo que respecta a la ampliación del ATI,  ya no caben más excusas, una vez que se ha publicado  el informe de impacto ambiental, la pelota está en el tejado del equipo de gobierno de la Diputación

El Grupo Socialista en la Diputación de Soria ha denunciado que de los cuatro hércules que hay en las instalaciones del Aeroparque Tecnológico Industrial desde marzo de 2021 no se ha percibido ningún ingreso durante estos dos últimos años por su estacionamiento tal y como está establecido en la ordenanza aprobada para tal fin.

Desde el PSOE se han reclamado explicaciones de por qué no se cobra lo contemplado en esta tasa en vigor desde enero de 2022 y  que podría reportar a las arcas provinciales 34.500 euros. Por ello se ha solicitado un informe técnico en el que se justifique por qué no se está a aplicando esta ordenanza.

Todos recordamos la llegada de los aviones a las pistas del aeroparque celebrada como una auténtica fiesta, con invitados, asistencia de autoridades, y una puesta en escena demasiado ostentosa para los resultados que hasta la fecha hemos tenido. Han pasado tres años desde entonces sin ningún avance significativo en el soto de Garray. El ATI da la sensación que se ha convertido en un cementerio de elefantes sin ingresos pero con muchos gastos como a la vigilancia de las instalaciones, una factura que asciende a 220.000 euros en los años 2022 y 2023 a lo que habría que sumar la prima del seguro, otros 23.000 euros.

Los diputados y diputadas socialistas nos preguntamos por qué no estamos cobrando esta tasa, qué es lo que impide que la institución tenga estos ingresos haciendo cumplir la normativa y “amortiguando los gastos generados”. También nos cuestionamos por qué todos los vecinos y empresas pagan sus correspondientes tasas y en este caso no, dando la sensación de que hay una excepción con esta empresa aeronáutica.

Cabe recordar que en el aeródromo de Garray, la Diputación de Soria lleva gastados casi cinco millones de euros entre lo que ya está ejecutado y lo presupuestado para 2023. En concreto para este año se había incluido una partida de 500.000 euros para un centro de operaciones de movilidad aérea del que no  enemos noticias o constancia de que se haya iniciado el expediente para la redacción del proyecto.

En la presentación del  Plan Director del aeroparque que la empresa Layonair hacía en las dependencias de la Diputación Provincial hace ya casi 4 años, en concreto en noviembre de 2019, se decía que no costaría ni un solo euro a los sorianos según se recogía en prensa. A fecha de hoy, “eso no es lo que reflejan las cuentas y lo más preocupante es que tampoco sabemos cual es el precio que pagará la Diputación por este ambicioso proyecto”

La ampliación de las instalaciones depende ya exclusivamente de la institución provincial. Al equipo de gobierno y a su presidente se le han acabado las excusas. El pasado viernes el 29 de septiembre, el Ministerio para la Transición Ecológica publicaba en el BOE la resolución en la que se formulaba el informe de impacto ambiental de modificación del aeródromo por evaluación simplificada de la ampliación de la pista. Por tanto, la pelota está ya en el tejado de la Diputación. Mientras llegaba este trámite, la institución no ha ido haciendo sus deberes ni ha avanzando en temas que quedan pendientes como tener a su disposición todos los terrenos necesarios y así como la justificación de la utilidad pública.

A modo de conclusión, cabe señalar que después de una puesta en escena “casposa y con escenas más propias de otros tiempos pretéritos ( nos recordó a Berlanga y su Bienvenido Mr Marsall, )”, seguimos en la casilla de salida, con un gasto importante para la institución provincial y sin generar ningún ingreso .