Los procuradores del PSOE piden a la Junta que destine a vivienda social los pisos vacíos de los camineros y urge el pago de las 132 ayudas de alquiler de 2010
El grupo socialista busca soluciones para las situaciones de emergencia y propondrá con una PNL la creación de una bolsa de vivienda para personas en situación de riesgo. Los procuradores recuerdan a la Junta que todavía no ha abonado las 132 ayudas al alquiler que resolvió en Soria en 2010 con un presupuesto de 27.046 euros.
Los procuradores socialistas presentarán una Proposición No de Ley para solicitar a la Junta de Castilla y León que cree una bolsa de vivienda social para ofrecer recursos de emergencia a los colectivos más desfavorecidos y ofrezca una solución digna a los vecinos y vecinas de la capital. Los procuradores recuerdan, además, que la institución autonómica sí cuenta con pisos para poder poner en marcha esta solución de urgencia y, por ello, solicitarán que en lugar de subastar viviendas en los camineros, aproveche su patrimonio para prestar un servicio que están demandando los ciudadanos.
Paralelamente, desde el PSOE se lamenta, una vez más, los incumplimientos de la Junta en materia de vivienda, y se urge y exige a la administración autonómica y la consejería de Fomento que se abone, tres años después de su resolución, las ayudas económicas para el alquiler de viviendas. Actualmente, 132 sorianos y sorianas no han recibido ni un euro de estas subvenciones correspondientes a la orden del 27 de abril de 2010 y que suponen un montante total de 27.046 euros. En todo Castilla y León, son más de 5.000 familias las que siguen esperando el ingreso de la ayuda para el arrendamiento de una vivienda desde el año 2010 al amparo de la orden FOM/531/2010.
Cabe recordar que la comunidad de Castilla y León tiene atribuida la competencia en materia de vivienda y que el objetivo de las ayudas al alquiler, según contempla el texto de la orden, era potenciar el mercado del alquiler al permitir el acceso a una vivienda en las condiciones favorables para las personas con menos ingresos que optan por arrendar en lugar de la compra. Los procuradores lamentan que ni se ha conseguido el objetivo ni, por supuesto, se ha pagado a las personas que solicitaron estas subvenciones y que, además, pertenecen a los colectivos más vulnerables.