• La procuradora socialista Judith Villar defiende esas mejoras en puntos de gran valor turístico y medioambiental de la comarca.

Las Cortes de Castilla y León han aprobado dos Proposiciones No de Ley (PNL) defendidas por la procuradora socialista soriana Judith Villar, en la Comisión de Medio Ambiente, centradas en la protección y puesta en valor del patrimonio natural del Moncayo y de las simas de Cueva de Ágreda.

En el primer caso, la propuesta insta a la Junta de Castilla y León a finalizar antes de que acabe 2025 el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) y a formalizar la declaración del Parque Natural del Moncayo soriano antes de finalizar la legislatura en 2026. Además, se pide que se contemple la declaración de Parque Natural previa a la aprobación del PORN, tal y como permite la Ley 42/2007 del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, y que se amplíe la superficie inicialmente prevista para garantizar una mayor protección del quebrantahuesos. La PNL salió adelante con el voto en contra del Partido Popular y el apoyo y abstención del resto de fuerzas políticas.

La segunda iniciativa aprobada se refiere a las simas de Cueva de Ágreda, e insta a la Junta a firmar un convenio de colaboración con el Ayuntamiento para la rehabilitación, limpieza y señalización de las simas “Simonda”, “Similla” y “Sima de los Trabucos”. Entre las actuaciones solicitadas se incluyen la instalación de barreras de seguridad, la renovación de la cartelería explicativa y la mejora de los accesos.

Esta propuesta también fue votada en contra por el PP, pero consiguió salir adelante también gracias al apoyo del resto de grupos.

Judith Villar ha destacado la importancia de proteger el entorno natural soriano y de avanzar en la conservación y promoción sostenible de espacios únicos como el Moncayo y las simas de Cueva de Ágreda, que “constituyen un valor ambiental y turístico de primer orden para la provincia”. La soriana admite que “los precedentes del PP hacen que dudemos del cumplimiento de las mismas, pero estaremos vigilantes ya que lo que está en juego son los recursos patrimoniales de una comarca y el acuerdo de las Cortes debe ser respetado”.