GSS CRITICA “LA MIOPÍA ENERGÉTICA Y MEDIOAMBIENTAL DEL GOBIERNO”

El Grupo Socialista en el Senado criticó en el día de ayer la miopía energética y medioambiental del Gobierno y del Partido Popular tras rechazar la moción por la que se reclamaba que se estableciera una moratoria que impida el uso del fracking hasta que se aclaren los riesgos potenciales para la salud y el medioambiente de esta técnica de extracción. El PP logró que la iniciativa socialista no saliera adelante gracias a su mayoría absoluta en la Cámara.

Senadora Eloísa ÁlvarezPor su parte, la senadora socialista por Soria, Eloisa Álvarez Oteo, lamentó la postura del Grupo Popular y mostró su preocupación al confirmar que Soria y Burgos son las provincias en las que más se va a ejecutar esta técnica extractiva. En este sentido, ha recordado que el PSOE ya ha presentado en las Cortes de Castilla y León una serie de iniciativas dirigidas a paralizar y suspender las solicitudes y los permisos de extracción hasta que no haya estudios técnicos que garanticen la seguridad de esta práctica.

Álvarez Oteo ha afirmado que es necesario atender a la demanda social y garantizar la salud de la tierra soriana y ha explicado que el fracking es una técnica sumamente agresiva porque se aplica un fluido en el que hay productos químicos altamente contaminantes para extraer el gas de la roca y que genera numerosas incertidumbres y, por ello, es necesario analizar y evaluar bien esta tecnología antes de proceder a autorizarla.

La parlamentaria del PSOE ha subrayado que el Ejecutivo debería reflexionar y establecer una moratoria en la ejecución de estos proyectos hasta que la seguridad humana y la protección del medio ambiente no estén plenamente garantizadas. Además, Eloisa Álvarez Oteo ha afirmado que el Gobierno debería pensar en ejecutar otro tipo de actuaciones dirigidas a solucionar el despoblamiento rural que está sufriendo la provincia de Soria provocado por las políticas equivocadas y reiteradas en materia de sanidad, educación, infraestructuras y transportes, que lleva aplicando el PP durante décadas en la Junta de Castilla y León y en el último año de Gobierno de Mariano Rajoy.






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