La procuradora socialista Judith Villar ha defendido en el pleno de las Cortes de Castilla y León una Proposición No de Ley (PNL) para reclamar una planificación de las oferta de plazas públicas  para niños y niñas de 0 a 3 años a través de una red de Escuelas Infantiles que garanticen el acceso a un recurso educativo público. En la PNL también se demandaba una marco de financiación para el mantenimiento de las escuelas infantiles, cuya titularidad ostentan las Entidades Locales, “estable, equitativo y que contemple el coste íntegro del personal docente a cargo de la Junta de Castilla y León”.  Es intención  los socialistas   que la Junta de Castilla y León establezca un sistema de ayudas directas a las familias para la financiación de los gastos de escolarización así como crear en esta legislatura, 1.500 plazas en colegios públicos para escolarizar a los niños y niñas de 2 años.

El 77% de los niños de entre 0 y 3 años en Castilla y León no está escolarizado en centros y escuelas con el primer ciclo de Educación Infantil. Solo el 22,9% aparece matriculado en algún centro de la Comunidad, la mitad de escolarización en esta etapa que la media nacional,  el 45,8% en 2018.  Según el indicador social del Pilar Europeo de los derechos sociales.  En su argumentación la procuradora socialista ha añadido que la financiación aportada por la Junta de Castilla y León es “muy deficiente” y que la mayor parte de las escuelas infantiles públicas son dependientes de las entidades locales, que sufragan los gastos de estos centros,  por ello,  “el modelo de organización es muy frágil, propio de la dimensión asistencial en la que la Junta han arrinconado esta etapa trascendental desde el punto de vista de la equidad del sistema y del desarrollo de las capacidades de las niñas y niños”.

El grupo socialista cree que la educación infantil es una herramienta de compensación de las desigualdades sociales y una de las mejores inversiones para garantizar la superación de las desventajas con las que algunos niños y niñas llegan al contexto educativo formal. Y por esta razón, “el ciclo de 0 a 3 años ocupa un espacio muy especial dentro de nuestras políticas”. La Ley Orgánica de Educación (LOE), de 2006 deja en manos de las comunidades autónomas el desarrollo normativo de este primer ciclo de la Educación Infantil “encargándoles  regular los objetivos, competencias, contenidos y criterios de evaluación del currículo básico, así como la organización y los requisitos que han de cumplir los centros educativos en esta etapa”

Competencia autonómica

No obstante, la creación y el mantenimiento de los centros que atienden a niños y niñas de 0 a 3 años, según recuerdo Judith Villar es competencia de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades de la Junta de Castilla y León, como una medida más de conciliación de la vida familiar y laborar.

En 2010, la resolución de subvenciones de la Junta de Castilla y León para financiar gastos de mantenimiento de centros infantiles de 0 a 3 años, a Entidades Locales, se redujo un 22,25 % respecto a 2009. En 2011 las subvenciones concedidas cayeron de nuevo un 48,70 %, con un recorte acumulado respecto a 2009 del 60,11%. Desde 2012 hasta el 2018 ni siquiera se convocaron.  Judith Villar apostilla que la tasa regional de escolarización temprana es la cuarta más baja de España