El Grupo Socialista en la Diputación de Soria ha lamentado la intención del equipo de gobierno de desvincularse de la residencia de mayores Nuestra Señora de las Mercedes, que supondría un paso más en la privatización de los servicios públicos asistenciales en el medio rural. Belén Antón y José Javier Gómez exigen mantener y reforzar las plazas públicas para garantizar una atención digna y accesible a los mayores de la provincia.

El Grupo Socialista en la Diputación han mostrado su preocupación ante la posible intención del equipo de gobierno de desvincularse de la residencia de mayores de El Royo. La diputada Belén Antón y el diputado José Javier Gómez, han comparecido hoy en rueda de prensa para expresar su preocupación ante el planteamiento de que la Diputación decida salirse del convenio que mantiene con el Obispado desde 1981 para la gestión de este centro asistencial. La institución provincial lo gestionó directamente hasta 2013 cuando se decidió hacerlo mediante una concesión administrativa, fórmula que se mantiene en la actualidad.

Los socialistas denuncian la progresiva pérdida de plazas públicas en centros residenciales para personas mayores, especialmente en el medio rural soriano. Belén Antón ha lamentado que “Las plazas residenciales no crecen al mismo ritmo que la población mayor, que además tiene una esperanza de vida cada vez mayor y requiere una mayor asistencia. La mayoría de plazas, públicas y privadas, se concentran en Soria capital, dejando al resto de la provincia en situación de desigualdad”. Antón ha señalado que, según los datos de la Junta de Castilla y León, en la provincia hay 2.539 plazas residenciales, de las cuales solo unas 439 son públicas o concertadas. “Es imprescindible que cualquier persona, sin importar su nivel económico, pueda acceder a una plaza adecuada a sus necesidades. Para ello, la gestión pública debe mantenerse y reforzarse”, ha afirmado.

Durante la Comisión de Centros Asistenciales celebrada hoy en la Diputación, se ha tratado el posible abandono por parte de la Diputación del convenio con la Fundación Nuestra Señora del Carmen, titular del inmueble de la residencia Nuestra Señora de las Mercedes en El Royo. Esta decisión supondría, según Antón, “una desvinculación total de un servicio público esencial que lleva prestándose desde 1981”.

El diputado José Javier Gómez ha denunciado que este proceso de retirada de la institución provincial responde a dos motivos no explicitados por el equipo de gobierno: “Por un lado, el abandono se debe a la absoluta falta de seguimiento y control en la gestión privada del centro. Por otro, continúa la estrategia iniciada en 2013 de privatización de los servicios residenciales, disfrazada de externalización entonces y ahora se constata la privatización encubierta”.

Gómez ha recordado que en 2013 la Diputación cedió la gestión a una empresa privada. De las 55 personas que entonces vivían en la residencia bajo la cobertura de la Diputación, hoy solo quedan dos. A pesar de las inversiones públicas recientes —como los 238.000 euros invertidos en la cubierta del edificio y mejoras en instalaciones— la Diputación busca desentenderse de la gestión.

“La Diputación alega que estos servicios generan déficit, pero nosotros lo llamamos inversión social. No es razonable que con una administración saneada se opte por abandonar a las personas mayores del medio rural”, ha añadido el diputado socialista.

También ha cuestionado la falta de apoyo financiero por parte de la Junta de Castilla y León. “En 2023 la Diputación aportó más de 5,8 millones de euros a residencias, mientras que la Junta apenas contribuyó con 177.000 euros”, ha subrayado. “La competencia es suya, pero la Diputación ha asumido históricamente la gestión y mantenimiento, en diversas mociones e intervenciones en plenos desde el PSOE hemos reivindicado que el gobierno regional asuma sus competencias”.

Finalmente, los diputados socialistas han confirmado que las negociaciones continúan abiertas y que el asunto se retomará en los próximos días. Han reiterado su compromiso con un modelo de residencias públicas, accesibles y de calidad, especialmente en las zonas rurales: “No podemos dar un paso atrás en derechos sociales ni abandonar servicios públicos esenciales. Es momento de reforzarlos, no de privatizarlos”, han concluido.