En Soria más de 5.000 personas han reanudado su actividad laboral, suspendida por la pandemia de Covid 19, tras ser beneficiarios de esta ayuda con la que el Gobierno protegió a los empleados y las empresas salvando los puestos de trabajo.

La Junta de Castilla y León sigue sin cumplir los acuerdos de Diálogo Social. Cuatro meses después, los trabajadores en ERTE no han recibido ni un solo euros de las ayudas prometidas por el gobierno autonómico.

El PSOE de Soria ha resaltado que un 65,5% de los trabajadores afectados por ERTE en la crisis del Covid 19 ya se han incorporado a su puesto de trabajo. Los parlamentarios socialistas recuerdan que el punto más álgido fue el 30 de abril momento en el que había afectados por ERTE en la provincia de Soria, 7.800 trabajadores amparados por esta medida económica y social con la que el gobierno ha querido proteger el empleo. Al finalizar el mes de junio, los sorianos y sorianas que permanecían en ERTE se habían reducido a 2.682 (de ellos 2.393 lo eran por fuerza mayor). Ello significa que 5.118 personas ya han reanudado la actividad laboral que tenían antes de la pandemia y se han vuelto a incorporar al mercado laboral con la consiguiente paulatina reactivación de la economía de nuestra provincia.

Este buen dato se une al conocido de la evolución del desempleo en la de Soria en el mes de junio. En el último mes se han registrado 105 parados menos en Soria con un descenso del 2,31 por ciento con respecto al mes anterior.

Durante los meses de abril y mayo las prestaciones por ERTES en la provincia de Soria han supuesto una inversión en prestaciones de 12,3 millones de euros a los que se suman las bonificaciones por las cuotas de las Seguridad Social de estos trabajadores y trabajadoras son otros 8 millones de euros que se han ahorrado de pagar las empresas sorianas.  Según destacan los parlamentarios socialistas, el objetivo que se marcó el Gobierno en todo momento con la aplicación de los ERTES  era “sostener el empleo y la economía pese a la disminución de la actividad económica de los últimos meses, siempre con la premisa de no dejar a nadie atrás”.

Diálogo Social

En este sentido, cabe destacar el nuevo acuerdo al que Gobierno y mesa del Diálogo Social han suscrito con el ánimo de proteger los empleos y las empresas para seguir avanzando en la reactivación de la economía. Merced a él se impulsará la reincorporación a las empresas de los trabajadores afectados por los ERTES y se promoverá la recontratación de trabajadores con contrato temporal cuya relación laboral finalizó durante la pandemia de COVID cuando las circunstancias así lo permitan. Se desarrollarán mecanismos para la formación y recualificación de los trabajadores de cara a su capacitación, en particular en el ámbito digital y tecnológico, para acceder a los puestos de trabajo que se creen y su recolocación en la misma u otra empresa o sector además de establecerse un marco adecuado para el trabajo a distancia y la adaptabilidad de la jornada laboral.

Así mismo, fruto del diálogo social y en aras de la reactivación de la economía se ha ampliado la exoneración de las cuotas a la seguridad a las empresas que han aplicado ERTEs hasta el mes de septiembre. Serán en función del tamaño de la empresa, con mayor porcentaje para las que ya han ido incorporando trabajadores que las que mantienen el ERTE. Para las empresas de menos de 50 empleados y que han activado a sus empleados en junio se le aplicará disminución de las cuotas del 70 %, en julio del 60% y en septiembre del 60 por ciento. Para las que mantienen el ERTE, las exoneraciones serán del 45% en junio y el 35 % en los meses de agosto y septiembre.

Para las empresas con más de 50 trabajadores que ya estén en activo tras el ERTE las exenciones a las cuotas de la seguridad social serán del 45% en el mes de junio y el 40% en julio, agosto y septiembre. Por el contrario, los que mantengan a sus empleados suspendidos por la figura del ERTE tendrán una exoneración del 30% en junio y el 25% en julio, agosto y septiembre.

La contraposición institucional del Gobierno de España es la situación que atraviesa la Junta de Castilla y León que ha incumplido los acuerdos de Diálogo Social. Cuatro meses después, los trabajadores en ERTE de la comunidad autónoma no han recibido ni un solo euros de las ayudas prometidas por el gobierno autonómico.